Ante la estrepitosa caída en los ingresos municipales, especialmente los que vienen de la mano del ladrillo –las obras pagan una tasa local y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es, con mucho, el gravamen que más dinero les aporta–, las ya de por sí asfixiadas finanzas de los concellos sufren con especial virulencia la crisis económica. Hay deudas, muchas deudas que pagar. Unos 228 euros por habitante y una pescadilla que se muerde la cola. Porque si las administraciones no pagan sus contratos, las empresas no cobran y los trabajadores viven con la duda de si llegarán a fin de mes. Una treintena de ayuntamientos gallegos se han decidido a recurrir al real decreto que el Gobierno central sacó en abril para aliviar los problemas de liquidez de las entidades. Exactamente, 34, a los que el Estado les permite, pese a su elevado endeudamiento, pedir créditos por más de 25,4 millones de euros para cumplir con compañías y autonómos con los que tienen compromisos pendientes.

Cinco de las localidades están en la provincia de Pontevedra. Nigrán y Moaña, dos de las corporaciones locales con mayor nivel de endeudamiento en toda Galicia son también dos de las que piden una partida más elevada, unos 1,5 millones y un millón redondo, respectivamente. Las arcas de Meis reciben una inyección de casi 360.000 euros; 300.000 euros las de Agolada; y por encima de los 152.000 euros, en Covelo, según la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda.

Muy superior al resto es la cantidad asignada al municipio coruñés de Rianxo, con 4 millones de euros. Le sigue Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense, que obtiene una aportación de 2 millones. Alrededor del millón de euros, al igual que Nigrán y Moaña, están Betanzos (1,229), Boiro (1,338), Culleredo (1,440), Ordes (1,032), Ortigueira (1,102) y O Carballiño (1,160). El resto de los préstamos oscilan entre los 37.580 euros para paliar el déficit de tesorería del concello ourensano de Larouco y los 938.331,28 euros destinados a Oroso.

A diferencia de la mayoría de comunidades, en el listado de Galicia no figura ninguno de los grandes ayuntamientos. Y eso que están en lo más alto del ranking de la deuda pública local de la comunidad. La de A Coruña supera los 77,5 millones; la de Santiago, los 63; en Ourense asciende a 45,57 millones; a 43,7 la de Lugo; en Vigo está situada en alrededor de 31,1 millones; algo más de 24 en Pontevedra; y 22,8 millones en Ferrol. No hay rastro tampoco de los otros concellos, más pequeños, y de déficit elevado, como Vilagarcía, Sanxenxo, Boiro, Ribeira, Narón, O Grove y Oleiros.

Todas estas operaciones de endeudamiento con las entidades financieras tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con la opción de dos más de carencia. Durante todo ese tiempo, los concellos beneficiados tienen la obligación de tener en marcha un plan de saneamiento de sus cuentas y presentar al Gobierno las correspondientes facturas.

Los préstamos solicitados al amparo del real decreto en toda España superan los 2.300 millones de euros. Por el camino se quedaron un 42% de los ayuntamientos que podían y finalmente no lo solicitaron. Los créditos más altos son los de Madrid, más de 1.100 millones; el canario Telde, de 44 millones; 39 en Palma de Mallorca, 38 millones en Córdoba; y 30 en el de Cáceres.