El juzgado decide seguir adelante con la querella socialista contra Hernández

R. P. / M. V. - A CORUÑA La querella por presunta falsificación de documentos públicos presentada por el PSdeG el pasado 27 de mayo contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, sigue adelante. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Pontevedra ha desestimado el recurso presentado por el miembro del Gobierno gallego y ha decidido continuar con las diligencias previas contra Hernández por, cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, certificar la conclusión de las obras de una carretera en Salvaterra de Miño cuando aún no se habían iniciado.
Aunque el auto, con fecha del pasado viernes, fija un plazo de cinco días desde su notificación para la presentación de alegaciones, Agustín Hernández ha decidido no hacerlo. Desde la Consellería de Medio Ambiente quisieron hacer hincapié en que el hecho de que la juez encargada del caso abra diligencias sobre la querella por falsedad documental no significa que el titular de Infraestruturas esté imputado por delito alguno. "Es un trámite normal", argumentaron desde el departamento que dirige Hernández.
Aunque la providencia no entra a valorar los hechos denunciados por los socialistas gallegos, la juez Aránzazu Fernández Rodríguez reconoce que las conductas que se le atribuyen al conselleiro de Medio Ambiente durante su etapa en la Diputación de Pontevedra "pueden constituir un delito de falsedad". Por ello, ha decidido rechazar el recurso e incoar diligencias previas para indagar sobre "los hechos denunciados y circunstancias que concurren en su comisión". Para la juez, las "circunstancias" que arguye el conselleiro –existencia o no de dolo falsario, concurrencia o no de una causa de justificación– es algo que "requiere ser probado" y que, en su caso, "afectaría a la culpabilidad o antijuricidad de la conducta de los querellados".
Hernández alegó en su recurso que se limitó a "visar" las certificaciones de obra que se le imputan ya que su puesto "tiene atribuida la misión de visar certificaciones de obra". Los argumentos aportados por el conselleiro no fueron admitidos. Según la juez, "no porque se cuestionen o no las razones que se exponen", sino porque "pronunciarse sobre las mismas es algo prematuro y precipitado" en el "primitivo" estado en el que se encuentra la instrucción. Por este motivo, considera de deben continuar las diligencias previas para investigar los hechos denunciados por el PSdeG.
Aunque la querella contra el conselleiro fue interpuesta por los socialistas, el primer partido en denunciar las supuestas irregularidades en la certificación y pago de las obras de la variante de Salvaterra do Miño fue el BNG. El 1 de mayo acusó a la Diputación de Pontevedra de haber pagado 331.000 euros de una carretera que apenas estaba iniciada después de que los responsables de certificar las obras les diesen el visto bueno. Dicha certificación llevaba la firma del propio Agustín Hernández, en aquel entonces director de Infraestruturas de la Diputación, y del ingeniero Baltasar Pujales, que también figura como denunciado en la querella del PSdeG.