REDACCIÓN - SANTIAGO
Los abogados del capitán del Prestige mantienen que el griego Apostolos Ioannis Mangouras sufrió en España "una especie de secuestro" al pasar 83 días en prisión y serle impuesta una fianza de 3 millones de euros. Esa cantidad, fijada "para impedir que saliera de España y cubrir los posibles gastos del vertido de fuel", fue "ilegal, injustificada y arbitraria, según el portavoz de los seis letrados que acompañan al marino, el británico Edward Fitzgerald. Fue su gran argumento durante la sesión en la que se juzgó si España violó o no el Convenio de los Derechos Humanos con la detención y la fianza impuesta a Mangouras. "Es falso asegurar que fue proporcionada y razonable", criticó, en referencia a la defensa que del pago hizo el Gobierno español.
El Tribunal de Estrasburgo envió en junio la demanda de Mangouras a la Gran Sala, después de sentenciar el 8 de enero que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos al mantener la prisión provisional bajo fianza. El capitán del Prestige, el petrolero que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002 y vertió al mar 70.000 toneladas de fuel, había invocado en su recurso el artículo 5.3 del citado convenio, que recoge el derecho de un inculpado a estar en libertad mientras se instruye el procedimiento, aunque "puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio".
Durante la vista pública, presidida por el juez francés Jean-Paul Costa, máximo responsable del Tribunal de Estrasburgo. Fitzgerald criticó que ninguna jurisdicción española "tuvo en cuenta las condiciones personales y financieras" de Mangouras, que "nunca hubiera conseguido reunir" los 3 millones de euros de fianza, la suma más elevada impuesta por la justicia española. El portavoz afirmó que el capitán "no fue el responsable de la catástrofe ecológica" que causó el petrolero, provocado, insiste, por causas naturales.
El Gobierno español, representado por el abogado del Estado Ignacio Blasco, recordó que el riesgo de fuga de Mangouras era "importante y evidente" y señaló que la fianza "no fue un obstáculo para su libertad provisional". Blasco justificó la cantidad por los "perjuicios irreparables" que tuvieron lugar en la costa atlántica.
El caso quedó visto para sentencia, que se dictará previsiblemente en las próximas semanas.