C. V. - SANTIAGO
La familia Franco sigue resistiéndose a aceptar que el Pazo de Meirás, "obsequiado" por el "pueblo de A Coruña" al dictador para que le sirviera de residencia veraniega durante 36 años, sea un bien de interés cultural (BIC). Haciendo suyo el lema de Cela del que resiste, gana, han recurrido el decreto que declara el inmueble como BIC y, mientras tanto, solicitaron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la suspensión de las que serían sus obligaciones, como la de abrir el inmueble cuatro días al mes al público, entre otras cosas, y del propio decreto.
La posibilidad de que el inmueble sufriera "algún acto vandálico o atentado" y el coste que iba a suponer a los propietarios contratar vigilancia y un seguro de accidentes para hacer frente a los visitantes fueron las razones que alegó Carmen Franco Polo ante el tribunal gallego.
No obstante, los Franco recibieron el primer "no" de la Justicia a esas alegaciones durante el pasado mes de junio por parte del Alto Tribunal gallego. La familia del dictador no cejó y siguió litigando. Para ello presentó un recurso de súplica contra el auto que rechazaba establecer las medidas cautelares y suspender la declaración de BIC de Meirás. También a este recurso, y precisamente ayer, los Franco han recibido un segundo "no" por parte de la Justicia.
El nuevo auto judicial confirma "en todos sus extremos" el previo, en el que se había desestimado la petición de Carmen Franco de establecer medidas cautelares para que el Pazo de Meirás no tenga que ser abierto al público mientras no se resuelva por sentencia en firme su demanda de anular el decreto que declaró como BIC el pazo.
No obstante, y si su afán litigador continúa, todavía tienen una esperanza en el Tribunal Supremo, ante el que pueden interponer un recurso de casación. Las vías legales pueden hacer que el proceso se dilate, tal y como reconoció ayer la Consellería de Cultura, aunque ellos tampoco abandonarán su empeño. Por si acaso, ayer el BNG se lo recordó.