El Gobierno rechaza pactar con Galicia cambios en el fondo de rescate bancario

X. A. T. / L. C. - SANTIAGO/A CORUÑA El Gobierno ha trasmitido ya a la Xunta que rechaza su propuesta de modificar el articulado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que impide a las comunidades autónomas poder ejercer el veto en las fusiones y absorciones de las cajas de ahorro. El Ejecutivo gallego había reclamado una negociación, a través de la comisión bilateral Xunta-Estado, para llegar a un acuerdo y eliminar los pasajes que, a su juicio, invaden las competencias autónomas. Si este mecanismo de concertación fallaba, la Xunta entonces acudiría al Tribunal Constitucional.
La respuesta inicial del Gobierno central ha sido una negativa a modificar el articulado del FROB. "No está de acuerdo con nuestro planteamiento", avanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Fuentes del Ejecutivo gallego aseguraron que el Ministerio de Política Territorial trasladó a la Consellería de Presidencia su "rechazo" a la propuesta de negociación, pero que no se trata de una comunicación oficial, por lo que aún hay margen para el diálogo. En todo caso, la Xunta sigue evaluando la presentación del recurso de inconstitucionalidad, que se haría efectiva en caso de que la negativa "oficiosa" del Gobierno se convirtiera en oficial.
El conflicto surge porque la Xunta interpreta que el decreto del FROB excede las competencia del Ejecutivo central y que de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, es la administración gallega la que tiene la potestad para autorizar o bloquear las fusiones de cajas de ahorro cuando una de ellas tenga la sede en su territorio. No obstante, desde el Ministerio de Economía se argumenta que estas competencias ya estaban recogidas en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y que fueron aplicadas en las intervenciones de Caja Castilla-La Mancha este año y en Banesto en 1993.
El Ejecutivo gallego quería resolver el conflicto de competencia a través de la comisión bilateral Xunta-Estado, aunque fuentes del Gobierno aseguraron que el órgano que dirime estas disputas es la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que todavía no ha sido convocada, aunque sí se produjeron los primeros contactos.
En principio, el plazo para que Madrid dé una respuesta oficial a la Xunta sobre su demanda acaba el próximo día 27, pero con la sola convocatoria de la comisión el plazo se amplía seis meses y se abriría un periodo de negociación. Sólo al final de este proceso, es cuando la Xunta podría presentar el recurso de inconstitucionalidad.
De momento, la postura es firme. Feijóo volvió a advertir ayer no permitirá que el Gobierno central decida sobre "fusiones o absorciones" de cajas gallegas con otras entidades. "Una caja no es un banco, tiene obra social, y Galicia tendrá cajas de ahorro con o sin Estado", declaró tras el Consello.