La reforma de la ley de comercio frena las grandes superficies en los centros urbanos

JULIO PÉREZ - VIGO En ningún caso directamente, porque la normativa chocaría con la exigencia de Bruselas de que el comercio sea un sector plenamente liberalizado, pero sí en la práctica. La primera modificación que sufrirá la ley para regular el sector en Galicia se reserva la licencia autonómica para los establecimientos de más de 2.500 metros por el impacto urbanístico y medioambiental que puedan provocar y pone ciertas condiciones para lograr la autorización que hacen casi imposible situarse en los centros urbanos. Por cada 20 metros cuadrados de superficie, al menos una plaza de parking, lo que supone que un hipermercado medio debería contar con al menos 125 estacionamientos. Prohibitivo, según el sector, si la ubicación no está en las afueras. A eso se añade el veredicto que los concellos tendrán que dar en función de sus planes de ordenación y el veto del que disponen en caso de las zonas que se consideren ya "saturadas".
Porque el anteproyecto para modificar la actual ley gallega de comercio, de 1998, abre la puerta a que el asentamiento se concentre en las entradas y salidas de las ciudades y en los polígonos. De hecho, la Consellería de Economía e Industria exige la adecuación de viales "dimensionados" que permitan "la fluidez del tráfico rodado" y la incorporación de líneas de buses.
Los 12 artículos iniciales de la reforma, en fase de alegaciones, se aprobarán antes de que acabe el año. Es el primer paso para cumplir con la Directiva Europea de Servicios, que no admite retrasos más allá del 1 de enero de 2010. La Xunta prevé sacar el resto de la nueva normativa el próximo marzo.
Ni la Confederación de Empresarios de Galicia –que se quedan fuera del órgano consultivo de la Xunta para regular el sector–, ni la patronal de grandes superficies quisieron ayer comentar los cambios hasta analizarlos a fondo. La Federación Galega de Comercio estaba pendiente de hablar con la responsable del área en el Gobierno gallego, Nava Castro, pero su primera impresión es de "sorpresa". Desagradable. No era lo que esperaban.
Una de las principales modificaciones de la reforma es la eliminación de la obligatoriedad para los comerciantes de rotular en gallego sus establecimientos. A los nacionalistas no les gusta que el polémico punto desaparezca de la futura normativa para el sector y piden en una proposición de ley que ya entregaron en el Parlamento gallego una alternativa a la norma que retoma la medida impulsada por ellos durante la etapa del bipartito. El portavoz de Energía e Industria del Grupo Parlamentario del BNG mantiene que es "un elemento diferenciador", que no se aplica a los nombres de los comercios y sin sanciones para el que decida optar por el castellano.
Henrique Viéitez defiende que el texto del Bloque cuenta con el "consenso del sector". Los nacionalistas recuerdan que la nueva ley debe "ordenar y equilibrar" la actividad atendiendo a los nuevos formatos comerciales, especialmente, a las grandes superficies, contener elementos para "consolidar y mejorar" el sector tradicional, garantizar un "adecuado equilibrio territorial" y "defender la competencia y a los consumidores".
La propuesta del Bloque contempla la creación de un Consello Galego do Comercio en el que participen todos los sectores implicados; un Observatorio da Distribución Comercial de Galicia, que funcione como un "órgano consultivo" para el sector y la Administración; y un plan de equipamientos comerciales de incidencia supramunicipal, con el fin de "reordenar" el sector. Fundamental, dice Viéitez, por el "goteo constante" en el cierre de establecimientos y que ha llevado a encender "una alarma" entre los comerciantes.