Al margen de la opinión tremendamente crítica del sector, sin diferencias entre las empresas beneficiarias y las que se quedaron fuera del polémico concurso eólico impulsado por el bipartito y anulado ahora por la nueva Xunta, el primer toque de atención sobre las lagunas que presenta el anteproyecto de la futura ley para regular el aprovechamiento del viento en Galicia llega desde dentro. Desde los propios asesores legales de la Administración autonómica, que ya le han dicho al presidente que la justificación a la que se agarra para implantar el discutido canon va a dar muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo, si los promotores llevan al asunto hasta los tribunales, como parece que están dispuestos a hacer en caso de que el Gobierno gallego no de marcha atrás. Un argumento débil, según los juristas, el supuesto impacto de los parques en el paisaje porque hay muchas otras actividades industriales o de servicios que por esa misma razón tendrían también que pagar el impuesto. Alberto Núñez Feijóo reconoce que se pudo producir "algún error", aunque le quita importancia. "Si hay algún ajuste como los términos que se refieren al paisaje o a especificaciones técnicas son los ajustes normales que se proceden en todos los textos jurídicos", defiende.

Lo que ocurre es que precisamente el hecho imponible del canon, el supuesto daño en el entorno, es una de las principales armas de batalla de las empresas eólicas. La patronal del sector en Galicia mantiene que la tasa choca con hasta siete principios legales de la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley General Tributaria y la normativa vigente en la comunidad en materia medioambiental. Si ese hecho imponible se cayera en los tribunales, la Xunta no podría aplicar el canon.

Por eso la palabra paisaje desaparece del segundo borrador del anteproyecto que la Consellería de Economía e Industria colgó el pasado miércoles en su web. La referencia al impacto –y no sólo por la propia instalación de los aerogeneradores, sino también por su actividad– se centran en "el medio natural y el territorio" en la nueva versión. Es insólito que la Xunta muestre públicamente dos esbozos diferentes para una misma normativa, cuando el plazo para las alegaciones acaba todavía hoy y altos cargos del departamento que dirige Javier Guerra se sentaron a negociar hace tan sólo tres días con la Asociación Eólica de Galicia (EGA) con el borrador inicial. Tanto Núñez Feijóo como la consellería achacan a otro "error" que el texto se publicara en internet, aunque ni dicen quién es el responsable, ni si se van a tomar medidas. Porque, además, ese segundo anteproyecto incorpora una sustancial rebaja en las cantidades establecidas para los parques que, según el presidente de la Xunta, no se ha ni planteado. "No hay ninguna modificación o revisión sobre lo establecido inicialmente", mantiene Núñez Feijóo. A media mañana de ayer, Economía borraba el texto.

En el sector se repiten las exclamaciones, las preguntas y las mismas quejas que suscitó el proceso durante la gestión del bipartito. Especialmente tras aquel "error" en el que se ampararon los nacionalistas para aplazar la resolución del concurso y que acabó con el plante de los representantes de las consellerías socialistas. "Esto es una auténtica chapuza", coinciden varios de los grandes promotores eólicos que operan en Galicia. "Mucho más grave –añade uno– porque esta misma semana se reunieron con EGA y no dijeron nada". "¿De qué valen nuestras alegaciones si tienen ya entre manos otro anteproyecto, cuál de los dos es el bueno?", se preguntan en una de las grandes firmas del negocio. "Simplemente –añade– sorprendente". A "chiste" les suena la oferta de diálogo de Economía. Los promotores aseguran que las relaciones con la Xunta son "tensas" y muchos achacan "la improvisación" a un "posible conflicto de intereses interno en San Caetano".