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Bienestar Social

Veintiséis mil grandes dependientes en Galicia aún esperan por la ayuda prometida

La conselleira de Traballo exige al Estado 440 millones para aplicar en 2010 la Ley de Dependencia

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José Manuel Baltar, a la izquierda, presidió el Parlamento por la baja de Pilar Rojo.
José Manuel Baltar, a la izquierda, presidió el Parlamento por la baja de Pilar Rojo.  Jorge Leal

I. BASCOY/ X.A.TABOADA - SANTIAGO Un total de 26.566 grandes dependientes en Galicia siguen a día de hoy sin cobrar la ayuda a que tienen derecho por la Ley de Dependencia, según los datos expuestos ayer en el pleno del Parlamento por la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, quien acusó al Gobierno de Zapatero de promulgar la norma sin dotarla de recursos, lo que “ahoga financieramente” a las autonomías. La Xunta exige para 2010 al Estado 440 millones de euros, 339 millones más que este año, para cumplir con la Ley de la Dependencia. Atiende así la recomendación del Observatorio Nacional de la Ley de la Dependencia que aconseja multiplicar por cinco la contribución del Gobierno central.
Beatriz Mato compareció a petición propia en la Cámara, y la oposición la recibió recordándole las promesas electorales “incumplidas” del PPdeG, por ejemplo que en los 60 primeros días del Gobierno de Feijóo todos los grandes dependientes disfrutarían del 50% de su prestación. La conselleira explicó que ahora son 14.126 los dependientes de grado máximo los que reciben la ayuda, y a finales de año calcula que sean 16.565, el número de grandes dependientes que creía que había cuando asumió la cartera de Benestar. Mato admitió que 24.000 deberán seguir esperando, pero porque se los encontró “guardados en el cajón” cuando llegó al departamento, y no sabía la cifra que era tan abultada.
La conselleira rebatió las críticas de socialistas y nacionalistas, acusando al Gobierno español. Para visualizar “la magnitud del problema” al que se enfrenta, expuso que una plaza de un gran dependiente en una residencia cuesta 2.600 euros al mes a la Xunta, pero el Estado sólo aporta 263 euros. “Es profundamente injusto” que el Ejecutivo central lance “una ley estrella sin recursos” y ahora sean las comunidades las que tengan que rascarse el bolsillo, se quejó Beatriz Mato. “El Estado invita, la comunidad paga”, protestó. La Consellería de Traballo e Benestar calcula que sufraga de media el 60% de la atención a los grandes dependientes, mientras que la familia pone el 20% y el Estado el otro veinte.
Mato también criticó “el desastre” de gestión del bipartito en materia de dependencia, y anunció que pronto se aprobará el decreto que agilizará la tramitación de las ayudas. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, precisamente denunció que con esta futura norma se recortan derechos, pues con Anxo Quintana, al frente de las políticas de bienestar, los beneficiarios de las ayudas las cobraban con efecto retroactivo desde la fecha que habían solicitado la prestación, y ahora será a partir de la fecha de resolución. “Birlan a cada dependiente 1.500 euros”, aseveró. Por su parte, la diputada socialista Laura Seara defendió al Gobierno de Zapatero por “consagrar” el derecho de los dependientes a recibir una prestación económica, y acusó al Gobierno de Feijóo por “una gestión caótica, con expedientes parados y amontonados”.

“Por buen camino”

Mato recibió el respaldo del Valedor do Pobo, Benigno López, pues horas antes, al presentar ante los diputados el informe anual de la institución que preside, aseguró que el decreto que prepara Benestar para agilizar la tramitación de las ayudas a los dependientes “avanza en el buen camino”, pues atiende las sugerencias hechas por el alto comisionado del Parlamento, unas recomendaciones que, sin embargo, no fueron escuchadas, según el propio Valedor, por el bipartito.

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