La Xunta amenaza con ir al Constitucional si el Gobierno le niega el veto a la fusión de las cajas

IRENE BASCOY - SANTIAGO La Xunta advierte al Gobierno de Zapatero de que llevará al Tribunal Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), si le sigue negando el derecho a vetar la fusión o absorción de las cajas de ahorro gallegas. Antes de acudir a la justicia, el Ejecutivo de Feijóo solicitó ayer la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Galicia para intentar en este marco "resolver pacificamente" este conflicto, clave para el futuro de la economía gallega, pero remarcando que si "las negociaciones son infructuosas", la Xunta no lo dudará e interpondrá un recurso ante el TC. Así lo anunciaron ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Facenda, Marta Fernández Currás, tras la reunión de la comisión especialmente creada para estudiar a partir de ahora cualquier normativa estatal que pueda invadir competencias.
Con esta actuación, Galicia lidera la batalla de las comunidades contra el Gobierno de Zapatero por dejar en papel mojado el veto autonómico a la fusión o absorción de las cajas de ahorro. Otras comunidades como Cataluña, Andalucía, Aragón o Extremadura, las cuatro socialistas, han denunciado la invasión de competencias del Ejecutivo central en una cuestión clave como el futuro de las entidades financieras, pero ha sido Galicia la primera que ha dado el paso adelante, al dirigirse al Gobierno español y buscar una solución. Desde el Ejecutivo autonómico insistían ayer en que se pretende zanjar la polémica por la vía de "la cooperación", pues la Xunta ejerce como "una administración responsable". De hecho, el Gobierno de Feijóo podía directamente trasladar el conflicto al Constitucional, pero ha preferido dialogar, solicitando antes una reunión con el Estado. Es una vía que se utiliza excepcionalmente, pues lo más habitual es pedir a la Justicia que se pronuncie sobre el conflicto de competencias, explicaban ayer desde el Gobierno gallego.
Seis meses
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía atribuye la competencia exclusiva en materia de cajas de ahorro a Galicia y es preceptivo que la Xunta dé su autorización para cualquier fusión o disolución de las entidades con domicilio social en Galicia.
Sin embargo, el FROB, puesto en marcha por el Ejecutivo de Zapatero para salvar a las cajas en apuros económicos, elimina esta posibilidad, es decir podrían producirse operaciones de fusión o disolución de entidades de ahorro sin el consentimiento y la participación activa de los Gobiernos autonómicos.
El Ejecutivo central debe convocar la reunión con la Xunta antes del 27 de septiembre, pues ese día finaliza el plazo de tres meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Si se abre el diálogo, el plazo para ir al TC se amplía seis meses, pero si el Gobierno declina, Fernández Currás firmará el recurso de inconsticionalidad.
El Partido Popular salió ayer a respaldar la decisión de la Xunta, sin embargo los nacionalistas gallegos urgieron a Feijóo a ir al Constitucional ya, y no sólo anunciarlo.