Empresas que quedaron fuera del concurso eólico recurrirán también la suspensión

JULIO PÉREZ - VIGO No sólo los 29 promotores que consiguieron finalmente hacerse un hueco en el reparto de los 2.300 megavatios (MW) de eólica impulsado por el bipartito apuran los últimos días para recurrir la decisión de la nueva Xunta de suspender el proceso como primer paso a su anulación definitiva con la puesta en marcha de una nueva ley para los concursos de potencia, previsiblemente antes de que acabe el año. Hay otras compañías del sector, que no entraron en las admisiones a trámite de los polémicos parques, pero que están dispuestas a luchar igualmente contra el nuevo escenario abierto porque tienen en sus manos planes empresariales autorizados en años anteriores, que se rigen con la normativa vigente hasta ahora y que, denuncian, quedan en suspenso. Con las manos atadas.
Una de las disposiciones transitorias incluidas en el anteproyecto de la futura ley para regular la explotación eólica en Galicia y crear, de paso, el canon por el impacto en el paisaje, hace referencia de hecho a una de estas delicadas situaciones. Los espacios que están incluidos como áreas de investigación en el actual Plan Sectorial y que pertenecen a los planes empresariales eólicos que no están agotados “no se podrán incorporar inmediatamente a las órdenes generales de convocatoria” con las que la Consellería de Innovación pretende distribuir los 2.300 MW que están en el aire. Zonas muy productivas, según los promotores, y que quedan al margen de los pequeños concursos escalonados se sacarán tras la aprobación de la normativa en función de la capacidad de la red eléctrica de la comunidad para dar salida a la producción de las instalaciones.
El plazo para la presentación de los recursos potestativos de reposición contra la suspensión del proceso termina el próximo día 14. Las firmas que quieran directamente acudir vía contencioso-administrativa al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tienen un mes más para hacerlo. Desde el mismo momento en el que anunció su intención de parar el concurso, la consellería admitió las evidentes posibilidades de que se diera este escenario, aunque una y otra vez el director xeral de Industria, Ängel Bernardo Tahoces, insiste en que los derechos de los beneficiarios son discutibles porque los parques no se adjudicaron.
La otra batalla abierta es la de las alegaciones al anteproyecto. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector en toda España y que agrupa a las 200 firmas más fuertes en el negocio del viento –entre ellas, varias gallegas, como Norvento o las sociedades con las que Manuel Jove concurría al concurso– esperará a la postura que adopte el martes la plataforma de promotores en Galicia EGA para unificar sus comentarios. Las dos patronales trabajan siempre en estrecha colaboración y comparten también un mismo punto de vista sobre la normativa que prepara la Xunta.
Las alegaciones se centrarán en la fórmula por la que optaron los populares para suspender el concurso y el canon que pretende implantar, de entre 2.300 y 5.900 euros por cada aerogenerador. Economía y el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya han avisado de que, pese a estar abiertos al diálogo con el sector y a incorporar mejoras a la ley, el impuesto no tiene marcha atrás apelando a la “solidaridad” de las empresas que tienen “grandes beneficios”.

El ex conselleiro de Industria acusa a los populares de cometer una “chapuza legal” con su decisión
El portavoz de Economía del BNG, Fernando Blanco, tilda de “chapuza legal” la suspensión del decreto eólico desarrollado por PSdeG y BNG en la Xunta durante la pasada legislatura y del que él es el principal responsable, como ex conselleiro del área de Industria. Blanco acusa al PP de crear “inseguridad jurídica” con esta decisión y con una suspensión “cautelar” que “no se sostiene”. “Eso lo saben”, dijo y, por ello, asegura que los responsables del Gobierno gallego darán “marcha atrás”, pues son “conscientes” de que esto “no es más que una chapuza legal”.
“Yo lo que creo es que lo que conviene al país y al interés de los gallegos es poner en marcha un plan eólico que sea capaz de generar en un momento de crisis puestos de trabajo y actividad económica para garantizar que el paso de estos años sea lo más reducido posible para el conjunto de los gallegos”, afirma el diputado nacionalista, que defendió que el plan del bipartito preveía la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos. “Esto es irresponsable, porque podríamos estar ahora incrementando las plantillas y desarrollando proyectos industriales”, critica.