Los concellos de Pontevedra se alían para contratar la energía

PILAR MERA - PONTEVEDRA Los problemas financieros que sufren la mayoría de los ayuntamientos gallegos están obligando a las Administraciones a ponerse las pilas y reinventar fórmulas para arañar euros de donde se pueda. Bajo esta premisa, y también bajo la de que la unión hace la fuerza, la Diputación de Pontevedra se propone aglutinar a los Ayuntamientos de la provincia para tomar medidas conjuntas contra la crisis. Una de las primeras será contratar la energía eléctrica que consumen los edificios y servicios municipales de diferentes ayuntamientos a un mismo proveedor y bajo un único contrato, licitado a través de la Diputación.
El organismo provincial que dirige el popular Rafael Louzán cree que con este sistema de "economía de escala", los municipios podrán ahorrar "mucho dinero". Así lo explicaba ayer Xosé Crespo, alcalde de Lalín y presidente del ORAL, el departamento de la Diputación que se encarga de recaudar y gestionar los impuestos de 91 de los 95 ayuntamientos de la provincia. "Tal y como están las cosas, hay que agudizar el ingenio y ahorrar costes entre todos", añade Crespo, que confía en que con la reciente liberalización del sector eléctrico sea más fácil negociar un buen precio para la energía que consumen los ayuntamientos, que es uno de los mayores gastos en las economías municipales. El próximo miércoles, Crespo planteará la idea a los responsables de los concellos durante la reunión que ha convocado la Diputación para tratar la crisis económica que sufren los municipios. Una vez se sepa cuántos ayuntamientos estarían interesados en participar en la licitación conjunta y cuánta energía sería necesario contratar, la Diputación contactará con las seis empresas que distribuyen energía en Galicia para "pedirles ofertas y empezar a negociar".
Sobre la posibilidad de que esta iniciativa se extienda a otras provincias o incluso a toda la comunidad, Crespo reconoce que "lo lógico" sería que se tomasen ese tipo de medidas "a nivel de la Fegamp, o de la Xunta", pero de momento la Diputación de Pontevedra no ha contactado con ningún otro organismo.
Además del ahorro, los Ayuntamientos también necesitan incentivar los ingresos para aliviar sus problemas financieros. Para ello, la Diputación de Pontevedra animó hace tres meses a los concellos por los que pasa la AP-9 a reclamar que la concesionaria de la autopista pague el 100% del impuesto de Bienes Inmuebles de Carácter Especial (Bices), en lugar de sólo el 5% como ocurre en la actualidad. Y es que cuando en los años 70 se construyó la vía, el Gobierno eximió a Autopistas del Atlántico del pago del 95% del impuesto y estableció que la exención se mantendrá hasta 2023. Pero el año pasado, una sentencia dio la razón a un ayuntamiento madrileño que reclamaba el cobro de la totalidad del tributo; un fallo al que se agarran ahora los concellos pontevedreses para exigir ante la concesionaria, y si es necesario ante el Estado, que les paguen las cantidades acumuladas desde la construcción de la autopista, que podrían llegar a los cuatro millones de euros. El avance de estas reclamaciones, presentadas por al menos 12 de los 15 concellos pontevedreses por los que discurre la AP-9, es otra de las cuestiones que estará sobre la mesa en la reunión anticrisis del miércoles, en la que también se abordará la apertura de otro conflicto con la Administración central: los recortes de Hacienda en los ingresos del Estado que corresponden a los municipios.