Aunque todavía queda por decir la última palabra, la redacción definitiva de la nueva ley para el reparto de la cuota eólica en Galicia tras la suspensión del polémico concurso impulsado por el bipartito, de poco parece que vaya a servir la oposición frontal de los promotores a la principal novedad. La aplicación de un canon de entre 2.300 y 5.900 euros por cada aerogenerador por su impacto en el paisaje. Las empresas acusan al Gobierno gallego de "discriminarles" con una tasa que tendrían que pagar todas las actividades industriales que afectan al entorno y de ponerlo en marcha por la caída de ingresos derivada de la crisis a costa de alterar "las reglas de juego" del negocio y su financiación. El presidente de la Xunta no esconde que hay una vertiente recaudatoria para evitar la subida de los impuestos que paga toda la ciudadanía y mantiene que es "una decisión política". Que no hay marcha atrás posible.

"Creemos que es mucho mejor que determinadas actividades que generan muchos beneficios sean solidarias con la hacienda de todos y no que los ciudadanos vean incrementados sus impuestos", defiende Alberto Núñez Feijóo. El mandatario gallego reconoce que la medida ha sentado muy mal entre las firmas que se dedican a la explotación del viento en la comunidad, incluso de la patronal nacional, dispuesta a presentar alegaciones al anteproyecto de la ley para evitar, entre otras cosas, que el canon pueda acabar extendiéndose a otras comunidades, y admite también que ningún promotor "quiera pagar lo que hasta ahora no pagó". Hasta ahí la comprensión. Las políticas económicas del Gobierno gallego "son específicas" y pasan, entre otras cosas, porque actividades como la eólica, que cuentan "con grandes beneficios" sean "solidarias" con las arcas autonómicas y especialmente con los concellos, a los que irá el 50% de los entre 22 y 30 millones de euros que el canon recaudará anualmente y otros 15 millones más cada ejercicio.

La puerta para la opción de aplicar el gravamen sólo a los parques que salgan del nuevo reparto de los 2.300 megavatios (MW) que se instalarán en Galicia hasta 2012 a través de varias adjudicaciones por zonas está cerrada. Es decir, la eliminación de la retroactividad del impuesto para las 137 instalaciones que funcionan actualmente con 3.974 molinos operativos no es negociable. "Tenemos la decisión tomada de que se implementará un canon, no para unos parques, sino para todos", afirma Núñez Feijóo. Ésa es una de "las dos decisiones". La otra, "desistir" de la admisión a trámite del bipartito por los "vicios de legalidad" que los populares aseguran que han encontrado en el decreto y la orden de la que salió la distribución.

En esa misma línea hablan desde la Consellería de Economía e Industria, encargada de la ley. Ante la oleada de críticas que despertaron sus planes en los últimos días, coincidiendo con la recta final del plazo para el envío de las alegaciones, el departamento que dirige Javier Guerra emitió un comunicado en el que reitera su disposición a seguir hablando. Una "actitud receptiva a las sugerencias que puedan realizarse desde los sectores implicados, basada en un diálogo abierto y una legítima confianza". Precisamente por "la colaboración establecida" con los promotores, la Xunta decidió prorrogar la fecha límite para recibir sus aportaciones. "Los plazos se están cumpliendo escrupulosamente", aseguran. Eso sí, el canon se presenta una vez más como "una apuesta firme" que en todo caso pasará por todos los trámites administrativos necesarios, incluido el dictamen del Consejo Económico y Social. Industria recuerda que en tres meses ha dado la vuelta a lo que el anterior Ejecutivo hizo en tres años, "aprobar un decreto ilegal".