Primero fueron los hogares y las empresas, con deudas astronómicas en los últimos años para, sobre todo, comprar casa y coche en el primer caso y llevar adelante sus proyectos de crecimiento y expansión en el segundo. Ahora les toca el turno a las administraciones. Los ingresos son los que son, están en mínimos ante el parón del consumo y la recesión económica, con el impacto que eso tiene en la recaudación fiscal, de la que se nutren las cuentas del Gobierno central y también las de los Ejecutivos autonómicos. La Xunta, y no es frecuente que lo reconozca con tanta antelación, asume que tendrá que aprovechar "al máximo" el techo legal en financiación externa, situado actualmente en el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), para cubrir sus necesidades de inversión en 2010. El endeudamiento público recupera el acelerón tras varios ejercicios de contención y se situará en niveles históricos, muy cerca del 10% del PIB, un porcentaje inédito en los últimos 15 años.

Una previsión la de la Consellería de Facenda que se mueve en una horquilla de entre 1.250 y 1.300 millones de euros, tres veces más que el dinero que la Xunta pidió prestado en el último año a través de dos emisiones de bonos, de 200 millones de euros cada una, por parte del bipartito el pasado noviembre y ya con el nuevo Gobierno en junio. Si finalmente se exprime todo el margen pactado con el Ministerio de Economía para incrementar el endeudamiento autonómico, el del Ejecutivo gallego escalará hasta los 5.500 millones, un 30% más que ahora y el 9,8% del PIB, superando así el 9,4% que se llegó a tocar en los años 1999 y 2000,

La deuda de la Xunta alcanzó al cierre del primer trimestre los 3.863 millones de euros, el 6,9% del PIB de la comunidad según el Banco de España. Tras la última emisión de bonos de junio se situó en 4.195, con la suma de los 300 millones a los que asciende los conocidos peajes en la sombra, la partida destinada a cofinanciar las autovías del Barbanza, la del Salnés y la que une Santiago con Brión.

Hasta la aprobación de los presupuestos de 2010, la Xunta tiene en sus manos la opción de elevar un poco más su deuda. El techo marcado para el actual ejercicio dentro del protocolo de déficit excesivo está en el 1% del PIB, con lo que en caso de necesitar liquidez para las últimas actuaciones del año, Facenda puede tirar de financiación externa para hacerse con otros 300 millones de euros. El endeudamiento actual se reparte entre bancos españoles, el 13,8%; cajas de ahorros, con un 7,7%, un 0,4% del Instituto de Crédito Oficial; casi un 18% en entidades del resto del mundo; y un 60% en obligaciones y deuda no negociable.

Precisamente porque la emisión de deuda es el instrumento más recurrido para financiarse, el reciente tirón de orejas de la firma de calificación de riesgo Standard & Poor´s alertando del debilitamiento de la economía gallega no sienta nada bien en la Xunta. La opinión de agencias como ésta influye en la imagen sobre las garantías y la seguridad que pueda tener el Gobierno gallego de cara a todo aquel inversor dispuesto a comprar sus bonos.