PAULA PÉREZ - SANTIAGO
La Xunta estima que los juzgados gallegos necesitarán en los próximos seis años 50 nuevos jueces y un aumento de personal de 350 funcionarios para aliviar el colapso judicial y acercarse a los estándares europeos. Ahora mismo en Galicia hay 11 magistrados por cada 100.000 habitantes cuando en la UE la ratio es de 14. Pero no es el único reto que debe afrontar la justicia en la comunidad autónoma. El Ministerio de Justicia ha creado una comisión para reformar el mapa judicial español y ha otorgado a las comunidades autónomas más poder para decidir cómo debe reorganizarse la plantilla de órganos de justicia. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, defiende que es necesario "abrir una reflexión" sobre la distribución de los partidos judiciales en Galicia.
"Somos la segunda autonomía de España con más partidos judiciales", recalcó. Aunque asegura que "a corto plazo" no se trata de suprimir ninguno de ellos, Rueda advierte de que es necesario "sentarse a hablar con el Ministerio" de cómo debe reorganizarse la planta de juzgados y sedes de justicia en Galicia.
En cuanto a las necesidades de personal, la Consellería de Presidencia ha elaborado una previsión para el periodo 2010-2015 que le ha servido de base para proponer las nuevas infraestructuras judiciales que se precisarán dentro de ese horizonte. Según explicó Rueda, los juzgados gallegos deben incrementar su plantilla con entre 48 y 50 nuevos magistrados para conseguir que en el plazo de seis años Galicia tenga una ratio de 13 jueces por cada 100.000 habitantes, un índice que aunque seguirá un punto por debajo de la media europea se acercará a los estándares de otros países.
Si se incrementan las plazas de nuevos jueces será también necesario incrementar el personal de los juzgados. El conselleiro calcula que por cada juez habrá que contratar también entre siete y ocho funcionarios.
Aunque éstas serán las necesidades de aquí a 2015, los juzgados gallegos con más carga de trabajo cuentan ya ahora con personal de refuerzo contratado temporalmente para aliviar el atasco de casos que tramitan. El problema es que a 133 de estos trabajadores se les termina el contrato a finales de año. La Consellería de Presidencia ha decidido hacer fijos a 79 de ellos y estudia los 34 casos restantes para analizar si se ha superado la situación de saturación en el juzgado en el que fueron contratados y se puede prescindir de ellos o bien si su colaboración sigue siendo necesaria. En todo caso, Rueda anunció que reclamará al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que la Xunta tenga "plena competencia" en la gestión del personal administrativo, con el fin de que sea la propia comunidad la que realice las convocatorias de nuevas plazas.
Además de la lentitud con la que se tramitan determinados procedimientos por el colapso judicial, también los abogados de turno de oficio tienen que sufrir demoras de hasta cuatro o cinco meses hasta que la Xunta les paga. El compromiso del conselleiro de Presidencia es agilizar los plazos para que los letrados que prestan asistencia jurídica gratuita puedan cobrar en un mes.