Las empresas eólicas denuncian que el canon es ilegal

JULIO PÉREZ - VIGO Con la cuenta atrás ya en el plazo marcado por la Xunta para recoger su opinión, los promotores eólicos ultiman sus alegaciones al anteproyecto de ley que regulará los criterios de adjudicación de los 2.300 megavatios (MW) que quedaron en el aire tras la suspensión del polémico concurso del bipartito. Por libre van algunas empresas. Otras, las que se integran en la patronal del sector, decidieron analizar individualmente el documento con sus servicios jurídicos, las nuevas reglas de juego, para luego poner en común sus posturas y presentar una argumentación única ante la Consellería de Economía e Industria. Hay una evidente división entre las que creen que el freno al proceso es el camino adecuado y las que no, aunque coinciden en que las formas no fueron las mejores y, sobre todo, en que el canon, que el Gobierno gallego quiere aplicar también a los parques en funcionamiento, será la gran batalla a lidiar.
"¿Cómo es posible –se pregunta un alto cargo de una de las grandes compañías presentes en el concurso– que a una energía renovable, que el Gobierno central prima, se le quiera aplicar un impuesto medioambiental?". Ya la Asociación Eólica de Galicia (EGA) cargó públicamente con la pretendida figura impositiva por su carácter "discriminatorio". Por pretender gravar de forma general, el impacto al paisaje, pero aplicarlo sólo a un sector en particular. "Como mínimo, es discutible y parte de nuestras alegaciones van en ese sentido", apunta otro de los promotores. "Es como si ahora implantaran un impuesto para las hipotecas –explican en una de las grandes del sector–. Tú tienes pactadas unas condiciones con el banco y tus números hechos".
Las compañías recuerdan que los contratos con las entidades financieras para lograr financiación para los parques se firman durante casi, o sin casi, toda la vida útil de las instalaciones. A 15 o 20 años vista. Muchas han incorporado a su accionariado sociedades de capital riesgo con las que también existe un acuerdo de retribuciones que ahora tendría que revisarse. "¿Por qué al resto de actividades industriales que puedan tener un impacto en el entorno no se le aplica?", se queja un aspirante a arañar potencia. "En todo caso –añade otro– hay principios jurídicos que nos avalan, que establecen que no se puede imponer un nuevo impuesto de esta manera y así lo recogerán nuestras alegaciones".
A la inseguridad económica unen no pocos promotores la inseguridad jurídica. "Se habla mucho de la ampliación de la Red Natura, pero lo cierto es que no es oficial, nadie sabe a qué zonas afectará, con lo que hoy por hoy no tienes ninguna garantía de que tu proyecto no acabe fuera aunque esté lejos de una área protegida actualmente", señala uno de ellos. Por eso exigen "poner reglas claras" en la ley. Incluso hay quien va más allá y reclama la apertura de nuevos espacios por encima de lo que recoge el actual Plan Sectorial Eólico, en vigor desde la etapa de Manuel Fraga. "Es viejo y hay que modificarlo –reclama otro promotor–. Tienen razón en que si se hace ahora se retrasará todo dos o tres años, pero hay que buscar una solución intermedia y nuestra empresa la pedirá". Los mismos cálculos maneja una de las beneficiarias del concurso suspendido, que incluirá en sus argumentos al anteproyecto la posibilidad de fijar nuevas localizaciones porque son "pocas" las que quedan en la planificación "con un buen recurso". En otras palabras, con viento de calidad para asegurar la rentabilidad de los aerogeneradores.
No pasan por alto en el sector que el anteproyecto de ley recoge el veto a las zonas que pertenecían a los planes eólicos empresariales que no están agotados. "Están cerrando las puertas a buenos emplazamientos donde se podían instalar hasta 200 MW", mantienen varias empresas, dispuestas a exigirle a la Xunta a que lo contemple en la ley.