Una barrera económica menos

J. PÉREZ - VIGO A los cuatro o cinco grandes aspectos en los que el sector basa sus alegaciones y a la espera de que EGA reciba las de sus asociados para marcar su estrategia, se unen luego pequeños matices al ojo de cada una de las empresas. Y a esto se añaden los procesos jurídicos que prácticamente todas las beneficiadas del concurso están preparando tras la decisión del Gobierno gallego de suspender las admisiones a trámite. En la letra pequeña de la ley, en las referencias a los criterios de valoración especialmente, las diferencias entre la normativa anterior, la del bipartito, y la futura los empresarios no encuentran muchas diferencias.
Capacidad técnica, legal y económica de los solicitantes, un anteproyecto de cada instalación con la firma de un técnico competente, compromiso garantizado y cronograma de la implantación del proyecto industrial que deben acompañar –en este caso, con el sello del consejo de administración–, previsión del adecuado cumplimiento de las condiciones de protección al entorno... Un calco de la orden y el decreto que se anularon a la espera de la nueva ley. Con una excepción. La exigencia a disponer un 20% del coste del proyecto con fondos propios para el socio dominante de la candidatura desaparece y con ella las causas por las que muchas de las peticiones se quedaron fuera de la recta final del reparto anterior, pese a que iban de la mano de grandes firmas energéticas.