JULIO PÉREZ - VIGO
Hay otra visión de la tan comentada recesión económica, la que se vive de puertas para dentro, en los hogares. Con el importante incremento del paro y las dificultades que muchas familias gallegas tienen para llegar a fin de mes, era de esperar que las solicitudes de ayudas oficiales para subsistir se incrementara. Más de 2.000 personas pidieron hasta agosto la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), una pequeña gran aportación al bolsillo de entre casi 400 y 660 euros, de la que viven ya 4.675 perceptores en la comunidad. Los incrementos de hasta un 30% en las peticiones en los últimos meses hacen temer el colapso de los fondos que el Gobierno gallego tiene destinados a este tipo de prestación. Porque se trata de un derecho subjetivo, que no aparece recogido con una partida concreta en los presupuestos de la comunidad.
Por eso, entre otras cosas, desde UGT en Galicia apuestan por transformar la Risga en un "auténtico salario social" al que tenga derecho "todo el mundo que lo necesite". A imagen y semejanza de lo que ocurre en Asturias. "Una comunidad con una renta per cápita muy parecida a la nuestra y en donde se ha establecido este salario –explica Carmen Brea, responsable del área de servicios sociales y políticas de igualdad en el sindicato–. Que le llamen como quieran, pero que se implante". No es una propuesta nueva. La central, con el apoyo de muchos otros colectivos, llevan reclamando un cambio en la gestión de la renta durante más de cuatro años y de hecho sus reivindicaciones se incorporaron a la mesa del diálogo social en Galicia que se encarga del área de inclusión.
Esa modificación permitiría, entre otras cosas, que la prestación fuera personal. Que tuviera en cuenta las condiciones en concreto del solicitante y no si el resto de la unidad familiar ya recibe alguna otra ayuda que ascienda al importe del salario mínimo interprofesional –624 euros mensuales este año–, lo que automáticamente deriva en el rechazo de su petición. "De ahí la cobertura y los resultados que está teniendo la Risga, que no llega a todos los que realmente deberían de recibirla", se queja Brea. "Es –añade– un acceso perverso".
Ante los más que previsibles incrementos que se repetirán a corto plazo en la demanda de las ayudas, "sobre todo pensando en los desempleados que en los próximos meses dejarán de cobrar el paro", a UGT le preocupa "que no quede garantizada totalmente su cobertura". El límite temporal que la normativa sobra la Risga marca para los receptores es un máximo de cuatro años, con lo que al grupo de trabajadores que se queden sin la prestación por desempleo y las nuevas demandas se unirán los que se queden sin la paga. Por eso el sindicato reclama que los plazos se cambien y se haga una revisión de los "itinerarios de inserción" que acompañan a cada una de las personas que la cobran.
El subsidio básico está situado en 395,43 euros –algo menos, 328, para los de mayor antigüedad–, a lo que se añaden luego los complementos por familiares a cargo. Desde 2005, la cuantía mínima de la Risga en Galicia creció sólo en 43,08 euros, según UGT, frente a los incrementos registrados en País Vasco (207 euros), Navarra (185), Cantabria (135), Cataluña (72), Asturias (67) y Madrid (55), ésta última comunidad con una prestación ligeramente por debajo de la de Galicia. La cantidad máxima aumentó un poco más en la comunidad, hasta los 659 euros, lo que suponen 71,80 euros más en comparación con lo que se recibía en 2005.