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Dos ex cargos del bipartito declararán por el caso de la agente electoral del PSOE

El PP acusa a los socialistas de usar la Administración para financiarse ilegalmente

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REDACCIÓN - SANTIAGO El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) ha llamado a declarar el 2 de septiembre a dos altos cargos de la anterior Xunta por el caso de la supuesta agente electoral del PSOE contratada con fondos públicos: el ex secretario xeral de Emigración Manuel Luis Rodríguez y el ex director xeral de Promoción do Emprego Alvaro Ansias, que deberán comparecer en calidad de testigos de los hechos. Además, el máximo representante de Viticultores do Castro, Darío Rodríguez, y el representante legal de la asociación, que, además, es concejal del PSOE en Piñor, David Fernández Ojea, están citados por el juzgado.
De este modo, continúan las declaraciones con el objetivo de esclarecer si, tal y como denunció el PPdeG, la Xunta, entonces gobernada por PSdeG y BNG, pagó con fondos públicos un billete de avión a una agente electoral del PSOE para que viajase a Buenos Aires justo antes de las elecciones municipales para recabar votos entre los emigrantes. .
Los populares solicitaron una comisión de investigación en el Parlamento, pero como entendieron que ésta se cerró en falso, decidieron llevar su denuncia a los tribunales.
Financiación ilegal
Para el PP, el entonces conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, "permitió" que la asociación ´Viticultores de O Castro´ , la entidad ourensana que contrató a la supuesta agente electoral con fondos de Traballo, "incumpliese las condiciones de la subvención" y "financiase a través de fondos públicos a una agente electoral".
Los populares dan por probado que esta agente electoral, María Isabel Blanco, no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto. Precisamente, el regidor de Muxía fue imputado el verano pasado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones en este caso.
El PP sostiene que se trata de "un caso de financiación ilegal del PSOE".

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