La ley antitabaco perjudicará a 28.000 hosteleros gallegos

J. PÉREZ - VIGO Ya no es una posibilidad, una idea. La ministra de Sanidad admite que el endurecimiento de la ley antitabaco va para adelante y que no le faltarán apoyos. Porque según las encuestas que maneja el departamento dirigido por Trinidad Jiménez hasta el 70% de los españoles son partidarios de que el veto se extienda a todos los bares y restaurantes, independientemente de su tamaño. "Nuestra sociedad está madura y las autoridades están en condiciones de tomar una decisión para prohibir fumar en todos los lugares públicos", mantiene. Un cambio radical de hábitos que los hosteleros gallegos miran con preocupación. El sector alerta de que la reforma de la normativa, que la ampliación de los conocidos como espacios libres de humo pone en juego la clientela, "y por tanto los ingresos", de los 28.000 locales de la comunidad que hasta ahora permitían el consumo de cigarros porque la ley les amparaba.
"Los legisladores deberían de tener en cuenta la situación en la que estamos antes de tomar una decisión", reclama Juan Silva, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga). Una situación de "crisis", como la inmensa mayoría de los sectores, que se ha intensificado en la campaña de verano con la caída de visitantes y la reducción "por encima del 20" en el gasto medio por turista. "Cuando hay todavía muchísimas empresas –explica Silva– que no han acabado de pagar el crédito que tuvieron que solicitar para las obras de adaptación de los locales". La ley actual, que entró en vigor en enero de 2006, obliga a los establecimientos de más de 100 metros a tener zonas habilitadas en exclusiva para fumadores en caso de que no quieran prohibir el tabaco. Para el resto, los más pequeños y que suponen la inmensa mayoría –Sanidad calcula que el 80%–, la decisión de dejar fumar o no cae en manos del dueño.
A los hosteleros gallegos les enfada especialmente que no se tenga en cuenta la inversión "importante" que los empresarios del sector han tenido que realizar para la cumplir la normativa. Entre 14.000 y 20.000 euros por local, aunque, como apunta el máximo responsable de Cehosga, "depende mucho de las dimensiones del establecimiento, de las facilidades de la propia estructura para hacer las obras o de los materiales". "Hay algunos que lo tenían más sencillo que otros –añade Juan Silva–, pero, en todo caso, el dinero se ha gastado, muchos empresarios todavía lo están devolviendo al banco y ahora esas reformas no servirían de nada".
La patronal de la hostelería gallega se pregunta cuántos cafés se dejarán de servir si no pueden ir acompañados de un pitillo. Cuántas comidas y cenas. "Es indudable que nos afectará mucho", reconoce Silva. En un momento en el que, insiste, "muchos" empresarios están optando por abandonar ante la merma de los ingresos. "No quiero ser alarmista, pero son muchos, en un 90% de los casos, pymes y empresas familiares y que llevaban muchos años trabajando", cuenta. "La administración, es cierto, tiene que velar por los intereses de los ciudadanos, pero las cosas tienen que hacerse cuando tienen que hacerse".