REDACCIÓN - VIGO
Encierros, manifestaciones o concentraciones. Protestas que tienen en común que el motivo está en el desacuerdo en una decisión que sale de las competencias de la Xunta o que se celebran en sus edificios. Cada mañana, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Galicia avisa a la Unidade de Policía Adscrita (UPA), el cuerpo autonómico, de sus previsiones en función de los anuncios de los colectivos y, sobre todo, de las autorizaciones que se han dado para celebrarlas. Entre esas, las conocidas, y las que surgen y no cuentan con autorización, en la comunidad se registraron el pasado año 109 acciones populares de reprobación al Gobierno gallego. O sea, una cada tres días.
Y eso que el pasado no fue un ejercicio especialmente intenso en protestas. Sobre todo si lo comparamos con el de 2007, cuando la UPA contabilizó 232, lo que representa un descenso de más del 53%. Además del "seguimiento constante", en un centenar de movilizaciones "fue necesaria" la presencia de agentes de la policía autonómica gallega "incluso en aquellas en las que no existía una previa comunicación de la autoridad gubernativa", según consta en el balance de la UPA de 2008.
Todos los dispositivos de seguridad montados en las dependencias de la Administración –es su principal tarea, la de vigilar los complejos administrativos, junto con el Parlamento, la residencia oficial del presidente, Monte Pío, y las propias oficinas de la UPA– permitieron, según consta en el documento, que ninguna de las protestas condicionase "el normal funcionamiento" de las instituciones. "En los supuestos que fue necesario –subraya– se disuadió a los participantes de la realización de toda intrusión hostil y de la ocupación de los edificios oficiales".
Dentro de las tareas para velar por la seguridad ciudadana, los agentes –la plantilla asciende actualmente a 409, un 10% mujeres– prestan apoyo con dispositivos y patrullas ordinarias a la realización de las actividades de los diferentes departamentos de la Xunta. Por su número, destacan los servicios prestados a Vicepresidencia, Pesca y Medio Ambiente.