El PSdG y el BNG creen que la sentencia demuestra que el plan acuícola de Fraga es ilegal

EFE El PSdeG y el BNG consideraron hoy la decisión judicial divulgada por algunos medios de comunicación gallegos que anula una modificación sobre la autorización de zonas costeras para actividades de acuicultura, muestra la ilegalidad de esa autorización del gobierno en funciones de la Xunta presidido por Manuel Fraga.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) divulgada por algunos medios de comunicación sobre un recurso interpuesto por una filial del grupo Pescanova, considera inadecuada la forma en que el anterior gobierno, integrado por la coalición PSdeG-BNG, intentó subsanar las deficiencias sobre el plan acuícola.

La sentencia de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJG, una copia de la cual fue obtenida por Efe, anula el recurso interpuesto por la firma Inuiña contra la decisión del Consello de la Xunta del 22 de junio de 2006, que modificaba parcialmente el plan adoptado en 2005 por el precedente gobierno autonómico de Fraga, cuando estaba en funciones.

En un comunicado, el PSdeG indica que la sentencia del TSJG "establece con toda claridad que el plan acuícola de -el antiguo conselleiro de Pesca Enrique- López Veiga y Fraga era ilegal y que no cabe indemnización alguna a la empresa por la suspensión", adoptada por el anterior gobierno.

Según la portavoz de pesca del PSdeG, Marisol Soneira, el citado plan "carecía de la evaluación de impacto ambiental preceptivo, por lo que incumple la normativa comunitaria y la legislación española".

Soneira considera que el actual Gobierno de la Xunta "ocultó" la decisión del TSJG y considera que eso muestra que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y su gabinete "están más preocupados por justificar su oposición irresponsable al gobierno bipartito que en gestionar los intereses de Galicia".

En ese sentido, la portavoz del PSdeG pide la "inmediata dimisión del secretario general de la Consellería del Mar, por mentir y ocultar la información de la que dispone sobre este asunto ante el Parlamento a preguntas del grupo socialista".

Por su parte, el portavoz de pesca del BNG, Bieito Lobeira, opina, también en un comunicado, que la política del gobierno de Fraga respaldaba la implantación de explotaciones de acuicultura con "subvenciones para despedazar la flota" gallega.

Por ello, Lobeira considera que la decisión del TSJG "obligaría" a la Xunta a "paralizar" las explotaciones acuícolas que hay actualmente en cabo Touriñán y en Mougás, "donde existía una orden de demolición que fue desatendida por el gobierno, que acaba de conceder el permiso para la ampliación de esa planta".

Para el portavoz del BNG, "debe paralizarse todo lo que está en marcha a partir de cero introduciendo algo de sensatez en el sector".