A Guerra y Tahoces se les nota con ganas de puntualizar. El vendaval de datos, plazos y declaraciones de los últimos días muestra, una vez más, la relevancia del concurso eólico. En la economía y en la polítia gallegas. El director xeral de Industria lo presenta como una de las razones de la victoria popular en las urnas. "La revisión era una prioridad y nunca estuvo en discusión", asegura Ángel Bernardo Tahoces. Una idea que repite su jefe, el conselleiro Javier Guerra, invitado sorpresa a una entrevista que persigue desgranar qué ha pasado y qué pasará con los 2.300 megavatios de la polémica y con el suculento negocio del viento. "Le ruego que ante la mínima duda, no duce en preguntar; se lo pido por favor", anima Tahoces, consciente de que las incógnitas no son pocas.

"El concurso ya está supendido y el decreto sin efecto"

Pese a la comparencia de ambos el pasado miércoles para confirmar la decisión de paralizar el discutido proceso, de las explicaciones de Núñez Feijóo un día después tras el Consello da Xunta que analizó la derogación, la situación real del concurso y del decreto en el que se apoya, el director xeral de Industria haberse encontrado con "una serie de especulaciones que no entiendo". "El viernes se dictó la resolución formal de la suspensión del concurso, que saldrá en el Diario Oficial de Galicia en días y se notificará a cada uno de los interesados", afirma.

Lo que sigue en vigor es la norma que marcó los plazos y los criterios para el reparto, y así será hasta que en diciembre, si se cumplen los plazos del Gobierno gallego, se apruebe la nueva ley para las autorizaciones de parques y el establecimiento del canon. "Pero todas las consecuencias que se han derivado del decreto –insiste– están suspendidas". Como los proyectos de los ganadores, oficialmente paralizados. "Mejor suspendidos que paralizados", matiza Javier Guerra.

"No he recibido ni una sola presión"

Rotundos, los dos niegan que detrás de la resolución estén las presiones del sector, especialmente de las compañías, grandes eléctricas algunas, que se fueron de vacío –es el caso de Iberdrola– o con una cuota anecdótica –Fenosa logró sólo 15,1 megavatios (MW)–, que no escondieron tras el 1-M su intención de hablar con el nuevo Ejecutivo. "Con toda honestidad, en mi caso concreto, no he recibido ninguna. Ni empresarial ni política", defiende Tahoces. "Ése ha sido nuestro hilo conductor, nuestra carta de navegación, sin importarnos lo que opinen de nosotros", añade. En todo caso Tahoces sí admite que hubo contactos, tras lograr la victoria electoral el pasado 1 de marzo, pero, se apresura, a matizar su afirmación: "Fueron de carácter informativo y con todos los grupos afectados". "Pero, con presiones del tipo ´tienes que hacer esto porque si no se puede producir esto otro´... de ésas, le aseguro que no recibimos ninguna".

"Teníamos que analizar primero si se había corregido la ilegalidad"

Pero, si todo estaba tan claro, ¿por qué se tardó tanto en tomar la decisión? Tahoces, ya responsable de la Dirección Xeral de Enerxía en la etapa de Manuel Fraga y portavoz parlamentario en el área durante la oposición, fue "el primero", como reconoce, en poner el grito en el cielo por el decreto primero y por el concurso después. Los populares prometieron anularlo, pero tras la victoria llegaron los matices. "El Gobierno anterior dijo que había corregido las tachas de legalidad que detectaron los informes jurídicos", apunta.

Esos informes jurídicos son los del Consello Consultivo y la asesoría jurídica general de la Xunta. El primero se oponía, entre otras cosas, a la participación pública en los parques; el segundo, "cuasinegativo" con todo el proceso. "Consideramos prudente –señala Tahoces– revisar si se habían hecho las modificaciones". El 30 de julio, el máximo órgano jurídico de la Xunta entregó un informe en el que, según Industria, no sólo no se habían hecho los cambios, sino que había más cuestiones problemáticas. "Es un informe lapidario", apunta para acusar: "El Gobierno anterior era consciente de lo que estaba haciendo cuando promulgó el decreto".

"Las empresas no tienen ningún derecho y los perjuicios son relativos"

En el mismo momento en el que la nueva Xunta suspende el concurso está reconociendo una actuación irregular de la administración. ¿Hasta donde llega esa responsabilidad? Tahoces recuerda que los parques no estaban autorizados, y que, en consecuencia, las empresas no pueden decir que tienen derechos sobre ellos. "El perjuicio es muy, muy relativo", asegura.

Y es que, aclara, los que quieran presentarse de nuevo podrán usar esos proyectos. "Todo derecho es discutible. Pero esas posibles compensaciones hay que solicitarlas, acreditar esos perjuicios y la administración deberá entonces estudiarlo". Y se hará caso por caso. Tahoces no da cifras, ni valora las que circulan en el sector. ¿200 millones? "No puedo pronunciarme al respecto", zanja.

"¿De dónde sale ese cálculo?". Con la pregunta, retórica, Guerra entra de nuevo en la conversación. "Nuestros cálculos no tienen nada que ver con eso. Si siguiéramos adelante con el proceso, dentro de cinco, seis, siete años, con las tachas de legalidad que conocemos con el informe de la asesoría jurídica general, ¿qué impacto tendría echar todo para atrás?". "Si siguiéramos adelante –coincide Tahoces–, sí sería incalculable".

"La imagen del proceso ya estaba dañada"

Dos años de continuos desencuentros, plantones políticos y, finalmente, un giro de 180 grados. Cambian los gestores y probablemente el reparto. ¿Dónde ha quedado la imagen de limpieza en el concurso que antes defendía el bipartito y ahora defiende el Ejecutivo de Feijóo? "La imagen ya estaba dañada desde el principio, con la evidencia de que se estaba trabajando ilegalmente", critica Tahoces. Los populares mantienen que huyen de "carreras alocadas" y recuerdan que esta vez la normativa para el sector pasará por O Hórreo y no sólo por la Xunta. "Además de las aportaciones constructivas, que las habrá, y las destructivas, de los partidos, están los letrados del Parlamento", apunta. Y lo que cada ciudadano pueda pensar, sobre si hay intereses o no detrás, "entra en la libertad de pensamiento".

"Proyectos industriales e impacto ambiental serán lo que más pese"

La lista de los nuevos criterios es conocida –proyecto industrial con plazos, el apoyo de los consejos de administración y controlados a través del aval del 2% que se exige a todo parque; el menor impacto medioambiental; proyectos de regeneración en el suelo afectado; eficiencia de los aerogeneradores; y la contribución a la mejora de la red–, pero aún se ignora la puntuación de cada uno. Ésta se establecerá en las órdenes que desarrollen el reparto en cada punto geográfico. "Los planes industriales y el impacto serán fundamentales", avanza Tahoces.

"El plan sectorial no se revisa"

No habrá nuevas ubicaciones para las instalaciones. En juego están las que recoge el plan sectorial eólico, heredado de la gestión de Fraga. Del mapa quedan excluidas tanto las actuales zonas de Red Natura como las susceptibles de entrar en una ampliación. "La revisión del plan nos llevaría una tramitación larga", justifica.

"Trabajaremos por zonas, pensando en la red y por si se impugna algún reparto"

Los 2.300 MW se repartirán territorialmente, "en consenso" con Red Eléctrica para establecer las áreas mejor preparadas para conectar nuevos molinos. "Tenemos muchos mapas con estudios de viento, que aquí no se había hecho ninguno", critica. Son las dos variables a tener en cuenta en las ubicaciones. "¡Para que nadie se lleve a engaño! No tiene sentido autorizar un parque en 2011 y que no pueda funcionar hasta 2016 porque falte una subestación", apunta. La estrategia permitirá dinamizar al sector, "aunque alguna de las convocatorias se impugne".

"La Xunta colaborará con obras eléctricas si es necesario"

Como el anterior Ejecutivo, los populares están dispuestos a "acelerar" en todo lo posible las obras de refuerzo del sistema eléctrico gallego para saltar cualquier obstáculo en la evacuación de los parques. "Si en determinadas zonas tenemos que hacer una actuación puntual, de un aumento de la capacidad de una subestación, por ejemplo, lo haremos conjuntamente con Red Eléctrica para mejorar los plazos y optimizar las infraestructuras", ilustra.

"Si un tribunal considera ilegal el canon, lo quitaremos"

"Si dijera que el canon no es negociable acabaría con el espíritu del proceso, en fase de alegaciones", sostiene Tahoces. Lo que no quiere decir que Industria no esté convencida de su implantación. El caso del canon hidroeléctrico está muy cercano. "No lo recurrieron –subraya el director xeral–. ¿Por que van a recurrir éste?" La Xunta mantiene que la patronal eólica no les ha hecho llegar su incomodidad con este impuesto, pese a que sea palpable. Guerra lo contrapone a la imposición en la cuentas de las empresas de la "participación pública". Pero la cesión de capital a la Xunta no tenía carácter retroactivo. ¿Será ésta otra batalla jurídica? "Son libres de impugnar lo que quieran", aseguran.

Su café con leche se enfría. Quizá porque no quiere dejar ningún cabo suelto; quizá porque hay que medir mucho las palabras para levantar las expectativas justas. Ángel Bernardo Tahoces explica sin descanso qué hay detrás de la decisión de Industria de anular el concurso eólico, la mayor adjudicación pública en la historia de Galicia. De vez en cuando, el responsable del departamento, el conselleiro Javier Guerra desea introducir algún matiz. Viven unos días intensos, "pero previstos", confiesan.

"Los primeros parques podrían funcionar en 2011"

A Tahoces le duele especialmente que en el sector se sitúe la paralización del negocio eólico en los dos últimos años de la época de Fraga. Porque él ocupaba entonces el mismo cargo que ahora. "Fue el Ejecutivo de Manuel Fraga el que creó el sector y el que lo consolidó, con sus luces y sus sombras, porque nada es perfecto", explica. La caída de Galicia a la tercera posición entre las comunidades con más potencia y hasta "el octavo o noveno lugar" en el ranking mundial es culpa, "de la parálisis que sí se vivió estos cuatro años".

Javier Guerra también muestra su discrepancia y pone datos sobre la mesa: en los tres meses que van de legislatura, su departamento ha sacado adelante 166 MW. "En cuatro años del anterior Gobierno sólo fueron 488. Haga usted los cálculos", insta el conselleiro.

La suma de los 3.000 MW actualmente en funcionamiento y los 2.300 que se repartirán se quedan lejos del objetivo de 6.500 previsto para 2012. En los cajones de la Xunta y a la falta de que presenten informes en Red Eléctrica hay otros casi 1.000 más. ¿Qué pasa con ellos? "811 exactamente", replica Tahoces. "Son la mochila que dejó el bipartito y el concurso es la supermaleta que hemos tenido que asumir", compara. Tahoces, el artífice de la derogación, el hombre de la energía en el PP, debe ser quién ponga fecha a los nuevos parques. "En diciembre de 2010, ojo y subrayo, las autorizaciones administrativas". ¿Y cuándo se verán las aspas moverse?. "Las primeros, en 2011", promete.