Propietarios de comunidades de montes y particulares que preveían alquilar sus terrenos a promotores eólicos cuyo proyecto fue admitido a trámite en el concurso aprobado por el Gobierno bipartito en diciembre de 2008 reclamarán a la Xunta el lucro cesante derivado del retraso que acumularán las nuevas adjudicaciones. Unións Agrarias (UU.AA.) aseguró hoy que la derogación del decreto eólico implicará la pérdida de las primas de los proyectos y, por tanto, estimó que los ingresos de los propietarios se reducirán un 20 por ciento.
Así lo manifestaron el secretario xeral de desenvolvemento rural del sindicato agrario, Jacobo Feijoo, y el presidente de la asociación de propietarios afectados Ventonoso, José Antonio Diéguez, quienes señalaron que los primeros cálculos apuntan a que los ingresos disminuirán entre 270.400 y 162.300 euros. Tras afirmar que UU.AA. ha recibido numerosas consultas de propietarios de 'solares' eólicos desde que se anunció la anulación del concurso eólico este miércoles, Feijoo aseguró que los servicios jurídicos de la organización agraria respaldarán a aquellos que quieran denunciar.
Asimismo, responsables del sindicato han solicitado una entrevista "de urgencia" con el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, para demandar su participación en el proceso consultivo iniciado de cara a la elaboración de la futura ley del sector. "El marco regula torio puede ser una oportunidad que permita que la energía eólica genere riqueza para el rural", consideró Feijoo, quien reiteró que la "exclusión" de los propietarios en este proceso "no se entendería".
En esta línea, recordó que en Galicia hay 45.000 propietarios de terrenos afectados por parques eólicos, a los que se sumarían otros 21.000 vinculados a los proyectos admitidos a trámite en el concurso promovido por el bipartito. "Perciben rentas ridículas que representan entre un 1,9 y un 2 por ciento de la facturación bruta de un parque", señaló, para subrayar que un estudio de la Universidades de Santiago (USS) defiende que esas cuantías deben ser entre cuatro y seis veces superiores. "Se va a dar la batalla precisa para que la oportunidad que se abre llegue a concretarse en rentas e ingresos para la gente que vive en el rural y que es propietaria de los recursos", garantizó Feijoo.
Cálculo erróneo de la recaudación
Por su parte, el presidente de Ventanos sostuvo que se ha perdido "una oportunidad" en el desarrollo del sector eólico en la comunidad gallega con las "vueltas" efectuadas en esta materia por el gobiernos bipartito y actual. "En Galicia la energía eólica está parada", afirmó.
En este sentido y al igual que Feijoo, eludió pronunciarse sobre la futura normativa hasta conocerla, aunque difirió del cálculo realizado por la Yunta sobre la recaudación que obtendrá con el canon eólico, al considerar que será de 32 millones de euros a partir de 2012 frente a los 73 millones de euros previstos por el Ejecutivo bipartito.
Diéguez recordó que la Yunta iba a participar en un 14 por ciento de la producción bruta de los parques eólicos que se instalasen a raíz del reparto de los 2.325 mega vatios aprobado en diciembre frente al 2 por ciento que supondrá el canon. Así, estimó que, a un precio medio de 80 euros el mega vatio --y con 2.830 horas equivalentes a esos 2.300 mega vatios--, el Gobierno gallego recaudaría 73 millones de euros anuales.
Por contra, la aplicación del canon eólico permitirá a la Yunta obtener 21,8 millones de euros, un cálculo que realizó teniendo en cuenta los tramos de gravamen que se aplicarán en este nuevo tributo --en función del número de atormentadores por parque--. De ese modo, concluye que los 3.827 molinos que hoy existen en funcionamiento en la comunidad aportarán esos 21,8 millones. A esa cantidad, se sumarán otros 9,8 millones, una vez se desarrollen los nuevos proyectos, cuya puesta en funcionamiento Diéguez consideró que no se materializará en 2012.
No obstante, Feijoo puntualizó que U.AUA. no es contraria al canon eólico, aunque entendió que ese tributo no incide en los ingresos de los propietarios y, pese a que contribuya a financiar a los municipios, descartó que revierta en el desarrollo del entorno rural y la mejora de la renta de sus residentes.
