El delegado de la Xunta en Uruguay figura en la "lista negra" de pesca ilegal

A. LUACES / REDACCIÓN - A CORUÑA El estradense Manuel Barros Rivadulla, designado por el actual Gobierno autonómico delegado de la Xunta en Montevideo (Uruguay) es uno de los gallegos que figuran como operadores de buques que practican pesca ilegal en la lista negra internacional. Barros admitió ayer que su nombre figura en ese registro, pero negó cualquier vinculación con la pesca ilegal.
El delegado de la Xunta dirige desde hace quince años en Uruguay una firma de asesoramiento y consignación de buques, Barros Agencia Marítima. Antes de esta dedicación, Barros fue primer oficial y capitán en distintos barcos de la flota de la multinacional gallega Pescanova, firma en la que también ocupó el puesto de gerente general en Montevideo. En la capital uruguaya participó además en labores de control de la pesca ilegal.
La presencia de Manuel Barros Rivadulla en las listas negras de pesca ilegal –elaboradas por organismos como la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y la Organización de la Pesca del Atlántico Noroeste– se debe a su condición de operador del buque Taruman (anteriormente denominado Polar Prince, nombre con el que también figuró en la lista negra de la pesca, y Jackeline) que fue apresado en 2005 por capturar bacalao sin permiso. La última bandera conocida del Taruman es la de Camboya, uno de los países de conveniencia en el área asiática. En la citada lista, Barros Rivadulla figura como "operador" de la firma propietaria del buque, la uruguaya Rulfend Corporation.
El Taruman fue detenido en el inicio de las negociaciones entre Australia, Chile y Nueva Zelanda para constituir la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur y dar una respuesta adecuada a la que calificaban como "mafia gallega de la pesca ilegal". En esta "mafia" figuraban nombres como los de Florindo González Corral, Florindo González Otero, Antonio Vidal y su hijo Toño (Manuel Antonio Vidal Pego), y Jesús Puente, cabezas visibles de empresas como Bajamar, Pesqueras Piñeiro o la ribeirense Vidal Armadores, una de las compañías más perseguidas internacionalmente por su actividad pesquera ilícita.
Manuel Barros reconoció ayer a este diario que su nombre está incluido en la citada lista negra de pesca ilegal, aunque negó tener responsabilidad alguna en el apresamiento del Taruman en 2005. "La armadora, Rulfend, me contrató como consignatario para hacer los trámites del buque Taruman. Pero sobre la pesca ilegal no tengo nada que ver: a donde vayan a pescar, o si tienen licencia o no la tienen, eso es responsabilidad únicamente de la propietaria del barco y del capitán", aseguró ayer Barros, que achaca la inclusión de su nombre en los catálogos de buques sospechosos a los trámites que firmó en nombre del armador.
Barros, cuyo nombramiento como delegado del Gobierno gallego en Uruguay fue aprobado por el Consello de la Xunta el pasado jueves, explicó que como agente marítimo representa "a 52 barcos en Montevideo, y el 90% de ellos son de armadores gallegos". Aunque insiste en que "no puede controlar" lo que hacen los buques a los que representa como consignatario una vez están en la mar, Barros aseguró que no tiene constancia de que ninguna de esas firmas practique la pesca ilegal, y negó cualquier vinculación con Vidal Armadores. "Ni siquiera los conozco", dijo.
Sobre el caso del Taruman, Barros explicó que los propietarios eran uruguayos y que habían comprado el barco en Dinamarca "porque salía muy barato".