La Xunta suavizará la Lei do Solo para aumentar la edificación en el medio rural

X. A. TABOADA - SANTIAGO La Xunta modificará la Lei do Solo para aumentar las posibilidades de edificación en el medio rural. Se relajarán las restricciones establecidas por una ley muy estricta aprobada en la etapa de Fraga con el fin de autorizar la construcción de nuevas viviendas en los entornos inmediatos de los núcleos rurales, aunque se mantendrán los impedimentos actuales para evitar que continúe la dispersión con casas levantadas en medio del monte sin comunicación ni conexión a los servicios básicos. Los cambios afectarán a 42 artículo y, entre otros, permitirán rebajar los plazos de tramitación de los informes autonómicos sobre planeamiento urbanístico y delegar a los municipios las competencias para autorizar directamente edificaciones vinculadas a la actividad agrícola o ganadera.

El proyecto de ley con la reforma fue aprobado ayer por el Consello de la Xunta y la previsión es que inicie su tramitación parlamentaria en el mes de octubre. "El objetivo es desbloquear determinadas construcciones en el ámbito rural evitando, al mismo tiempo, la dispersión y concentrando las edificaciones en los núcleos rurales", explicó el presidente, Alberto Núñez Feijóo, al terminar el Consello.

Uno de los problemas de la Lei do Solo era que dejaba muy poco margen para el crecimiento urbanístico en el medio rural, que sólo se podía desarrollar en los suelos tipificados como núcleo histórico tradicional o rural consolidado. En la práctica, como admitió el propio Feijóo, "estas formulaciones hacían inviable los planes generales en la mayor parte de los municipios" porque no se ajustaban a la realidad de los asentamientos poblaciones y muchos de ellos se quedaban al margen de la definición legal.

La Xunta ha encontrado una solución ampliando en otros dos el tipo de suelo en el que se podrá edificar, que se denominarán núcleo rural no consolidado y complejo. Aunque de su delimitación se encargará cada concello, estas superficies serán las formadas por los contornos más inmediatos de los núcleos rurales, es decir, una ampliación de su perímetro.

Otro cambio previsto en la ley es la delegación a los ayuntamientos de las competencias para autorizar obras o cualquier instalación vinculada directamente con la actividad agraria p para obras menores en suelo rústico.

Además, se concentra en un único proceso la evaluación urbanística y la medioambiental por parte de la Xunta, de forma que ya no se seguirán dos cursos paralelos como ahora, en la que todo proyecto urbanístico debía contar con un informe medioambiental.

Otra novedad consiste en reducir el plazo de la tramitación autonómicas en los planes de ordenación municipal, de forma que se pasará de tres a dos meses en todos sus informes, salvo en el que sirva para dar la aprobación definitiva, que seguirá siendo de tres meses. Los ayuntamientos también tendrán más libertad para diseñar sus planes especiales.