Cataluña avanza posiciones en el sprint final

REDACCIÓN - SANTIAGO Las comunidades autónomas están con las espadas en alto. Cada una ha puesto sobre la mesa sus condiciones y se mantienen en vilo esperando que el Gobierno central presente su propuesta definitiva de financiación autonómica. Sólo Cataluña ha dado pasos en dirección a un posible acuerdo. El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, aseguró ayer que, por primera vez desde el inicio de las negociaciones, existen "condiciones" para alcanzar un consenso.
Aún quedan pendientes de superar "algunos escollos", pero los catalanes han empezado a ver con buenos ojos el nuevo modelo de financiación autonómica.
La Generalitat está tratando de consolidar más de 3.000 millones de euros para Cataluña. Esta cifra, que se alcanzaría en el tercer año de aplicación del modelo, en 2011, supondría aumentar más del 50% la oferta inicial del Gobierno central, que adjudicaba 2.000 millones.
Y mientras tanto el resto de las autonomías están a la expectativa, sin cifras definitivas y sin posicionarse claramente ni a favor ni en contra. Las comunidades del PP, sobre todo, han elevado ayer el tono de sus reivindicaciones. El vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Gerardo Camps, advirtió que la Comunidad Valenciana "no podría aceptar" un modelo de financiación autonómica que supusiese menos de 1.400 millones de euros para esta autonomía.
Los valencianos creen que si para una sóla comunidad autónoma se van a destinar 3.000 millones de euros se tendrá que aumentar el fondo adicional comprometido por el Gobierno de 9.000 millones porque, de lo contrario, "no saldrían los números para el resto de las comunidades".
Y si se aumenta la partida total a repartir el Ejecutivo valenciano advierte que no apoyaría un acuerdo por menos de 1.400 millones.
En Baleares, a falta de recibir el borrador definitivo, son ya tajantes sobre su posición al respecto. "La propuesta que de momento hay encima de la mesa no es aceptable ni justa", advirtió ayer la portavoz del Ejecutivo balear, Joana Barceló.
La misma advertencia se ha lanzado desde Madrid. Si el nuevo modelo no garantiza sufragar el coste de los servicios básicos no lo aceptarán.
La Junta de Castilla y León también se marca un mínimo por debajo del cual no suscribirá un acuerdo de financiación. Esta autonomía espera recibir 576 millones de euros del fondo adicional, el 6,4 por ciento de los recursos. "Todo lo que sea por debajo de ese dinero estarán robando a los ciudadanos de Castilla y León para dárselo a otros", sentenció el portavoz del Gobierno castellano-leonés, José Antonio de Santiago.
En La Rioja su presidente, Pedro Sanz, está "molesto" porque aún no dispone de cifras de lo que puede corresponder a su autonomía.
En otras comunidades socialistas como Aragón, Andalucía o Extremadura son menos críticos pero reconocen que también desconocen como va a quedar el modelo definitivo y evitan posicionarse hasta tener cifras cerradas.