La Fiscalía perseguirá a los responsables de infraestructuras que propaguen incendios

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO La Fiscalía gallega de Medio Ambiente se ha propuesto poner cerco a los incendiarios pero también a reducir a la mínima expresión los elementos de riesgo en el monte. Para ello, y por primera vez, ha dado instrucciones a los agentes forestales para que recaben información sobre el estado de vertederos, carreteras, vías férreas, tendidos eléctricos y en general todo tipo de infraestructuras que por su mal estado o ubicación puedan suponer un posible foco de incendios. Así lo anunció ayer el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, que explicó que, con todos los datos recabados sobre el terreno, el Ministerio Fiscal "procederá contra las personas responsables" en aquellos casos en los que se haya producido un delito, o "alertará" del problema a la administración competente para que lo solucione.
Se trata de una línea de trabajo que inició en Galicia hace ya algunos años el Seprona y a la que los agentes forestales se sumarán este verano después de que el Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo diese instrucciones a todas las comunidades para que recabaran información sobre el estado de estos puntos de riesgo. En la mayoría de los casos, aclaró García, las incidencias detectadas se resolverán con una sanción económica por la vía administrativa, pero "algunas veces acabarán en la vía penal".
Ésta será una de las principales novedades de esta campaña de incendios aunque como explicó ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, se mantendrán también las medidas preventivas desplegadas en los últimos años, como la "vigilancia intensiva" de los montes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hasta 1.300 agentes de la Guardia Civil patrullarán cada día los montes gallegos para disuadir a los incendiarios.
En esta línea de prevención y disuasión, Varela enmarcó también la labor de los fiscales de Medio Ambiente, que, según avanzó, "no dudarán" a la hora de adoptar las "medidas cautelares" necesarias para alejar a los incendiarios del monte. "La fiscalía no tendrá ninguna duda en solicitar la prisión preventiva contra este tipo de infractores, sobre todo si son reincidentes o hay peligro de reiteración", alertó Varela tras reunirse en Santiago con los cuatro fiscales de Medio Ambiente de Galicia para preparar la campaña de verano.
Los reincidentes, de hecho, están siendo objeto de una "especial vigilancia" por parte de Policía y Guardia Civil desde hace más de un año. Sobre esta medida de seguimiento, Álvaro García explicó que se trata de un "trabajo de campo" en el que los agentes se centran en vigilar a "los grupos de riesgo" y su entorno no sólo en verano sino durante todo el año. "Pueden hacerse notar para conseguir el efecto disuasorio deseado aunque sin vulnerar su libertad", aclaró.
Todas estas medidas, según añadió Carlos Varela, son fundamentales para reducir la cifra de incendios en la comunidad. "El éxito policial en la lucha contra el fuego no hay que verlo sólo en las detenciones, sino también en la disuasión de las personas reincidentes. Mucha capacidad disuasoria hace que haya menos detenciones", explicó.
El año pasado, de hecho, Guardia Civil, Policía autonómica y Policía Nacional detuvieron a 147 personas en Galicia por su presunta implicación en algún incendio. Esta cifra supone casi un 30% menos de detenciones que en 2007, un año que se cerró con la cifra récord de 207 imputados. Varela, con todo, interpretó este descenso como otro "éxito" policial ya que con su trabajo y el refuerzo de los efectivos dedicados a perseguir a los incendiarios ha ido ganando en "capacidad disuasoria efectiva".
La mayoría de los incendios en Galicia, no obstante, siguen teniendo su origen en una imprudencia. En este sentido, el fiscal superior explicó que más del 90% de las detenciones practicadas en los últimos tres años tenía que ver con algún tratamiento imprudente del fuego, como quemas con fines agrícolas o ganaderos, una costumbre muy arraigada en la comunidad. Las cifras del primer semestre de 2009 no sólo han confirmado este dato sino que el porcentaje de imprudencias se eleva hasta el 95%.