El pago de los sobrecostes

Desde que comenzó la discusión por la reforma de la financiación autonómica, Galicia se ha apoyado en el envejecimiento y la dispersión como sus principales armas de combate y en los extras que ambos fenómenos tienen en la prestación de los servicios públicos para las arcas públicas. Una demanda de más fondos, pero también una defensa ante las comunidades que exigen que se tenga en cuenta el incremento de su población y las necesidades derivadas de la atención a la población inmigrante. Porque si esa es la guerra, ahí la Xunta no tiene nada qué hacer.

JULIO PÉREZ - VIGO Una y otra vez, durante el año y medio que lleva sobre la mesa la intención de reformar el actual modelo de financiación autonómica, desde Galicia, tanto el bipartito antes como el Ejecutivo de Núñez Feijóo ahora, insisten en la necesidad de que el reparto tenga en cuenta los dos rasgos de la pirámide de población de la comunidad con mayor impacto para las arcas públicas. Lo que en el debate sobre el futuro de los fondos estatales se bautiza como las variables del sobrecoste. El envejecimiento y la dispersión, y cómo ambas influyen en los servicios públicos básicos que, según las propias reglas del sistema que está actualmente en vigor, tienen que prestarse en igualdad de condiciones entre todos los territorios. Pero, ¿cuánto le cuesta eso a la Xunta?

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar su último balance sobre el gasto sanitario y los recursos a los que tienen que echar mano las comunidades para cuidar de sus habitantes. Hay un fenómeno que destaca muy por encima del resto en los datos de Galicia, que su gobierno pone como ejemplo claro de las repercusiones que para su bolsillo tiene asumir la gestión de un territorio con casi 30.000 entidades de población. Que sirve, a la vez, como arma de defensa contra el grupo de grandes regiones y su intención de que el censo puro y duro sea el criterio para la distribución del dinero. Con 315 concellos, Galicia tiene 389 centros de salud, el doble de lo que le correspondería por número de habitantes.

Es cierto que el padrón gallego está estancado. Que en los últimos años, el incremento de la población apenas llega al 2%, frente a la evolución por encima del 100% en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Madrid. Pero es que la que hay, especialmente en las provincias del interior, está muy repartida. A esos 389 ambulatorios se unen otros 96 consultorios locales, de menor envergadura que los centros de salud. Un tipo de instalaciones mucho más frecuentes en otras comunidades –en toda España superan los 10.200–, porque sirven de apoyo a la atención primaria pero que no tienen sentido en Galicia por las enormes distancias entre las localidades. De hecho, pese a que Lugo y Ourense concentran sólo el 25% de la población tienen el 44% de todos los centros de salud.

El coste de la sanidad

La factura de la sanidad gallega ascendió en 2007 a 3.452 millones de euros. El incremento experimentado en los últimos años, desde 2002, es uno de los más discretos en toda España. Un 48%, al igual que el de Castilla y León y ligeramente por encima del de Asturias, un 45%, la única comunidad que ha perdido población desde entonces. Con muchas más muertes que nacimientos y sin el tirón de la inmigración que se ha vivido en otras zonas de España, evidentemente el gasto no ha tenido que hacer frente al alza del número de tarjetas de la Seguridad Social. Lo que ocurre es que esas cantidades hay que compararlas. Con lo que cuesta el servicio por cada habitante, por ejemplo. Pues hasta 1.250 euros, por encima de la media nacional, situada en 1.187 y el matiz de que el coste de la atención a una persona de 65 años representa hasta el triple que el de una joven por los ingresos hospitalarios más frecuentes, las visitas al médico de cabecera o el consumo farmacéutico.

Otra comparación. La inversión en centros de salud, hospitales, mantenimiento de personal, el 061 –la receta del Gobierno gallego para hacer frente a la dispersión y que representa una de las mayores redes asistenciales de todo el país–... supone más del 6,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, cuando para las más rejuvenecidas y con más ingresos, representa entre el 3,55% (Madrid) y el 4,75% (Cataluña).

En el caso de la educación, el gasto público equivale al 3,86% del PIB. Más de 2.160 millones de euros, de los que 1.686 van destinados a cubrir las necesidades en las etapas anteriores a la universidad. Ya el Consello de Contas alertaba hace unos días tras la fiscalización de las cuentas de la Xunta de 2006 de la elevada partida que Galicia debe derivar a transporte público, comedores y residencia en comparación con otros territorios más grandes, con más población y una proporción mayor de jóvenes en edad de estudiar. ¿Qué nivel tiene aquí el sobrecoste de la dispersión? Volvemos a comparar. El transporte escolar absorbió más de 109 millones de euros en 2006, según el Ministerio de Educación, la cantidad más elevada entre el resto de comunidades. A Andalucía, que triplica en superficie a Galicia, el gasto de llevar a los niños a los colegios apenas supera los 45 millones de euros.

El actual sistema de financiación intenta garantizar las carencias de comunidades como la gallega a la hora de recaudar vía impuestos con fondos de compensación para asegurar que el dinero para pagar los servicios públicos transferidos, especialmente estos de la sanidad y la educación. El problema es que estos fondos se reformulan en el nuevo esquema y el presupuesto que van a tener es todavía una interrogante.