El CES avisa a la Xunta de que peligran los servicios públicos al bajar tributos en vivienda

PAULA PÉREZ - SANTIAGO La promesa estrella de la nueva Xunta de bajar impuestos –empezando por el tributo de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados– se ha encontrado ya de entrada con las reticencias del Consello Económico e Social (CES). Este órgano, de carácter meramente consultivo, avisa al Gobierno gallego que está poniendo en peligro servicios públicos al reducir sus nivel de ingresos con rebajas fiscales en materia de vivienda. Así se lo advierte en su dictamen sobre el anteproyecto de ley que tramita la Consellería de Facenda para reducir a la mitad los impuestos para comprar una vivienda y de la que se beneficiarán los menores de 36 años y las familias numerosas.
Es la primera ley que la nueva Xunta remite al CES en esta legislatura y el diagnóstico emitido por el órgano que preside Pablo Egerique ha sido de "preocupación". Son varias las objeciones que plantean a esta normativa. El Consello Económico e Social duda de que esta medida sea eficaz a la hora de reactivar el mercado inmobiliario, avisa del riesgo de "deterioro de la calidad de las prestaciones sociales y los servicios públicos" y reclama que la rebaja fiscal se haga de forma progresiva en función de la renta de cada persona.
El proyecto de ley para reducir el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales –que grava la compra-venta de pisos de segunda mano– fue aprobado en el primer Consello de la Xunta de esta legislatura, pero aún no ha iniciado su tramitación en el Parlamento. Su objetivo es favorecer el acceso a una vivienda de los sectores con más dificultades: jóvenes y familias numerosas.
Pero el CES discrepa de la eficacia de esta medida ya que, en su opinión, si se trata de reactivar el mercado inmobiliario "existen factores más decisivos" como el de potenciar las posibilidades de acceso al crédito.
Además este órgano –integrado por los principales agentes económicos y sociales de Galicia– denuncia que la Xunta no aclara cómo va a compensar una pérdida en sus ingresos de siete millones de euros cada año debido a esta rebaja fiscal. Es precisamente esta merma en las arcas públicas lo que puede poner en peligro otros servicios "en perjuicio del interés general" . "Se puede contribuir a una configuración socialmente negativa del sitema tributario", defiende el CES, que explica que el coste de esta reducción de tributos recaería sobre todos los ciudadanos.
Además critica que la rebaja fiscal no sea progresiva en función del nivel de renta. La ley fija un tope al patrimonio que deben cumplir los beneficiarios pero por debajo de ese límite el descuento es igual para todos. El CES, sin embargo, reclama que la reducción de impuestos se adecúe al nivel de renta y al poder adquisitivo de cada ciudadano.
Sólo la Confederación de Empresarios de Galicia emite un voto particular a favor de la norma de la Xunta, aunque reclama que se amplíen los beneficiarios no sólo a menores de 36 años y familias numerosas sino también a aquellas personas de rentas más bajas.