JULIO PÉREZ - VIGO
Por primera vez desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, hace ya dos años y medio, el Gobierno central limpia el balance que cada mes hace del desarrollo de la normativa para eliminar los expedientes de personas ya fallecidas, que inflaban hasta ahora los números de solicitudes presentadas, valoraciones y prestaciones concedidas. Aún así, pese a la desaparición en las estadísticas gallegas de 1.915 beneficiarios, el número de personas en la comunidad que tiene aprobada su subvención y que todavía no la cobra alcanza las 12.000. Un 31,6% de todas las peticiones con derecho a las ayudas y que ya han pasado por los servicios sociales para medir el grado de discapacidad hasta el pasado 1 de junio.
Los números confirman una vez más lo que muchos usuarios y todas las asociaciones que trabajan con dependientes en Galicia llevan denunciando desde hace meses. Que los fondos llegan a sólo una pequeña parte de los solicitantes. Son 25.515 personas, que cuentan con ayuda a domicilio, plaza en residencias o pagas por cuidados y asistencia personal, entre otros servicios, pero es que el número total de solicitudes presentadas ante las administraciones gallegas roza las 60.000, según el Ministerio de Sanidad.
Ni todos los demandantes han pasado ya por la revisión obligatoria ante los servicios sociales, ni todos tienen derecho a recibir la prestación. ¿Cuántos tienen el dictamen de los servicios sociales? Más de 45.000, el 75%. ¿Y cuantos están reconocidos como beneficiarios? Pues la mayoría, 37.303. Es decir, más de ocho de cada diez gallegos que lo demandan, una proporción muy elevada, de las más altas en España –la media nacional de personas con derecho a cobrar sobre las valoraciones realizadas es del 78,4%–, que, según los expertos, responde a la elevada tasa de envejecimiento de la población de la comunidad.
Galicia se mantiene entre las regiones que acumulan un mayor volumen de solicitudes sin analizar. Casi el 25% de las presentadas hasta el 1 de junio carece de dictamen, el paso previo a que la Administración pueda establecer qué tipo de ayuda es la más adecuada en función de las preferencias de la familia del dependiente. Sólo Extremadura y Canarias concentran más peticiones en espera que la Xunta en comparación con la cantidad de solicitudes que asumen. La única comunidad que tiene revisadas todas las demandas es Cantabria. Y en el País Vasco, el territorio que se mueve en un número similar a Galicia de solicitudes, hay dictamen ya para el 87%.
Con el saneamiento del balance mensual para borrar los dependientes que ya han muerto, las revisiones de los grados y la depuración de expedientes que podían estar duplicados, Galicia acumula 8.800 solicitudes menos, de las que más de 4.000 tenían derecho a las ayudas y otras 1.915, de hecho, ya las estaban recibiendo.