Salgado advierte a Galicia que la financiación no se puede vetar si la respalda la mayoría

JULIO PÉREZ - VIGO Con el cronómetro cuenta atrás, a poco menos de un mes para esa fecha tope marcada por el Gobierno para cerrar el nuevo modelo de financiación autonómica, el 15 de julio, la ministra de Economía lanza un mensaje clarísimo y rotundo a todos aquellos líderes regionales que, como Núñez Feijóo, incluso entre comunidades gestionadas por los socialistas, creen que todavía queda mucho que hablar sobre la reforma. La próxima reunión del Consejo de Política Fiscal tras la celebrada ayer tiene como objetivo para Elena Salgado pulir los detalles y lograr el máximo consenso posible. Si hay acuerdo, el esquema de reparto de los fondos estatales saldrá adelante en forma de ley. A las comunidades que estén en contra no les quedará otro remedio que adaptarse o pedir que se les sigan aplicando los criterios actuales. Porque, como advierte la también vicepresidenta, no hay derecho de veto en el organismo y la mayoría decide.
Como ya ocurrió en 2001, cuando se pactó el modelo que está en vigor hoy y Andalucía se descolgó. Es el camino que les queda a las que den la espalda al nuevo esquema, según Salgado, que reconoce que podría repetirse la situación entre alguna de las comunidades que no ven tan claro como el Gobierno el fin de las negociaciones y que no disimulan que lo que se conoce hasta ahora les gusta poco. La ministra de Economía insiste en que el modelo será "estable" y que espera que sea aprobado "por todos".
Ante las interrogantes que merodean al nuevo modelo de financiación autonómica y a la crisis económica, ninguna de las 17 comunidades sabe qué ingresos podrá manejar en 2010, qué dinero recibirá del Estado, pero sí cuánto podrá endeudarse para cubrir sus gastos. El Consejo de Política Fiscal, donde los Gobiernos regionales y la Administración central coordinan su actividad financiera, decidió ayer elevar el techo del déficit presupuestario hasta el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Un nuevo porcentaje, inesperado, porque la previsión inicial del Gobierno era alcanzar sólo el 2%. El incremento tira por tierra el límite del 7,9% de déficit para el total de las administraciones marcado por el Ejecutivo para 2010, que se quedará ahora en el 8,4%. Los objetivos para 2011 se sitúan en el 1,7% y en el 1,3% para 2012.
El acuerdo supone para Galicia una puerta abierta a la entrada de 350 millones de euros a través de financiación externa, un cálculo en base al PIB actual de la comunidad que, evidentemente, será menor con la evolución prevista de la economía. De todas maneras, todavía no está nada claro que la Xunta vaya a aprovecharlo porque fue uno de los votos en contra al aumento. "No es conveniente ante las incertidumbres que hay sobre los ingresos", explica la conselleira de Facenda, Marta Fernández, que cree que "el problema se traslada hacia delante" y recuerda que el "incremento indefinido" del endeudamiento resta liquidez al sistema y repercute en el sector privado.
Al Gobierno gallego tampoco le gusta que la revisión de la estabilidad presupuestaria se haga antes que el modelo de financiación. Ni la conselleira ni Alberto Núñez Feijóo, entienden las prisas. "Queda mucho trabajo", dice el presidente. Los dos defienden que la reforma "está abierta", pese a que el margen de negociación con el 15 de julio a la vuelta de la esquina es escaso y que Moncloa está convencida de que el acuerdo está muy cerca.
Por si acaso, la Xunta se reserva su derecho, precisamente, a seguir con este modelo. "Galicia será leal con el acuerdo de financiación que está en vigor y no va a sustituir un acuerdo por un desacuerdo que le perjudique", avanza Núñez Feijóo. En juego, dice, están "los intereses" de la comunidad y el consenso alcanzado en el Parlamento entre los tres partidos, que quieren que los criterios de reparto sean el envejecimiento, la dispersión, la orografía, la lengua y la emigración. La promesa de Rodríguez Zapatero a Cataluña de recibir más financiación que la media por habitante "preocupa" al Gobierno gallego. "Está claro que otras saldrían perdiendo", indica Fernández. Una postura que comparten otras comunidades populares, que critican que la negociación se ha convertido "en una tómbola".