JULIO PÉREZ - VIGO
En el orden del día del Consejo de Política Fiscal que se celebra hoy no hay prevista ninguna negociación sobre el discutido nuevo modelo para la financiación autonómica. Lo que no quita, como admite el propio Gobierno central, que las comunidades pongan sobre la mesa sus demandas, entre ellas el nuevo Ejecutivo gallego, que se estrena en las conversaciones tras el relevo en la Xunta. La Consellería de Facenda, “consciente de que queda mucho por hablar”, lleva el respaldo de los tres partidos, que por unanimidad acordaron una postura común para frenar cualquier intento de que a las arcas de San Caetano llegue menos de ese 7,1% que recibe actualmente. Por eso Galicia apuesta por prorrogar el esquema en vigor si no hay consenso. Para evitar sorpresas y frenar la presión de los territorios con más población y más capacidad de ingresos.
Porque de los nuevos criterios poco se sabe, únicamente el boceto que dejó el ex ministro Pedro Solbes y el reciente anuncio de Moncloa de añadir a la bolsa común unos 9.000 millones de euros. ¿Cuánto pesará la dispersión y el envejecimiento, claves en Galicia, Asturias o Castilla y León? ¿En qué lugar quedarán las autonomías que se quejan de que aportan a la cesta mucho más de lo que luego reciben? ¿Cuál de los dos modelos beneficia a la Xunta?
El Ministerio de Economía acaba de cerrar la liquidación de la financiación de 2007. Un ejercicio del que quedan pendientes para Galicia casi 400 millones de euros. La partida asciende a 8.129 millones, aunque 1.265 vienen de impuestos que cobra directamente la Xunta. Casi uno de cada dos euros que le corresponden salen del Fondo de Suficiencia, el arma que el modelo en vigor tiene para compensar a los territorios a los que les cuesta más conseguir ingresos vía impuestos por la dimensión de su población o porque su economía es menos dinámica. Es decir, que la mitad de la financiación gallega depende de un fondo solidario, no de su recaudación. Sólo Andalucía recibe más por este concepto, uno de los que más cambia en la reforma.
Recaudación fiscal
El resto de la partida para Galicia viene de la recaudación fiscal. De las tasas que gestiona Hacienda y que reservan un tramo autonómico del 33% para el IRPF y un 35% para el IVA –los que más ingresos representan– y un 40% para los Impuestos Especiales. La aportación está directamente vinculada al consumo en cada territorio y los rendimientos laborales. Galicia es la tercera comunidad que menos capacidad de recaudación fiscal tiene. De ahí que el refuerzo de la autosuficiencia financiera con el alza de los tramos autonómicos de los impuestos hasta el 50%, una de las propuestas del nuevo modelo, beneficia más a Cataluña o Madrid que a Galicia, Asturias o Castilla y León.
Y como estrella del debate, la población. La vara de medir el grueso del reparto para cubrir las competencias transferidas, especialmente sanidad y educación. En la última década, el censo de Galicia creció sólo un 1,5%, así que el margen de la Xunta para negociar es escaso si no se matiza con la dispersión, el envejecimiento y la atención a los residentes en el exterior. Las comunidades en las que el crecimiento de la población sí es notable defienden la carga que supone para sus presupuestos, sobre todo porque se trata en la mayoría de casos de inmigrantes. El avance del nuevo modelo promete mejorar “el tratamiento de estos costes diferenciales”, pero el peso que cada uno tendrá no queda claro. Sí que la población “será la variable principal”.
En una remota suposición de que el modelo se quedara de momento como está con el único cambio de sumarle 9.000 millones más a repartir y Galicia, por lo tanto, mantuviera su porción del 7,1%, a manos de la Xunta irían unos 8.700 millones de euros, 600 más que la liquidación del ejercicio de 2007. Una cantidad a la que habría que recortar la caída en la recaudación fiscal este año por la crisis y que toca ya el 30% en el IVA. Si finalmente hay reforma, a Galicia le toca esperar los detalles de los nuevos fondos de garantía de servicios públicos, suficiencia global y convergencia autonómica. Esos que mantienen, según el Gobierno central, el espíritu solidario, pero que aún son una incógnita.