La Xunta fiscalizará por primera vez el gasto de 53 entidades de la administración paralela

La gestión de los consorcios creados por el bipartito se realizará desde los Presupuestos

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Feijóo, ayer tras el Consello de la Xunta, en el Pazo de Raxoi.  // J. Leal
Feijóo, ayer tras el Consello de la Xunta, en el Pazo de Raxoi. // J. Leal 

PAULA PÉREZ - SANTIAGO La Xunta controlará a partir de ahora el gasto de 53 entidades que forman parte de la llamada administración paralela. El Gobierno gallego aprobó ayer incorporar las cuentas de estos organismos independientes, entre ellos doce consorcios creados por el bipartito, a la Ley de Presupuestos de Galicia de 2009 de manera que, tal y como explicó el presidente Alberto Núñez Feijóo, se podrá fiscalizar "lo que gastan, lo que deben y lo que hacen" estas entidades. Esta modificación supondrá sumar 100 millones de euros más al grueso de presupuestos aprobados el pasado año por el anterior Ejecutivo.

Para ello ha tenido que reformar la normativa que regula las cuentas de Galicia, ya que estas entidades estaban fuera de la regulación de la ley de Presupuestos. Feijóo defendió que de esta manera se "ganará en transparencia y estarán sometidas al control presupuestario". Se trata de 39 fundaciones, una agencia pública, una sociedad anónima y doce consorcios.

Pero éste no fue el único cambio que introdujo el Gobierno gallego en las cuentas autonómicas. La Xunta ahorrará 30 millones de euros durante esta legislatura debido a la reducción del personal de confianza y altos cargos que trabajan para la Administración. Primero se suprimieron tres consellerías, después se rebajó en un 50 por ciento el número de directores y secretarios xerais, las delegaciones provinciales pasaron de 52 a sólo 5 y, por último, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dado orden de recortar en un 26 por ciento los contratados como asesores o personal de confianza. El dinero que se ahorran se destinará a un Fondo de Austeridad que servirá para cubrir en parte el agujero presupuestario de 1.200 millones de euros, que según el titular de la Xunta, dejó el bipartito y también para inversiones sociales, en concreto la aplicación de la Ley de Dependencia.

Donde no habrá recortes, según explicó ayer Feijóo tras el Consello de la Xunta, es en las ayudas destinadas a zonas en desarrollo. "Pese a la extrema dificultad del sistema presupuestario quisimos preservar los fondos de tres millones de euros destinados a ONGs", aclaró.

Los compromisos para subvencionar el funcionamiento de los juzgados de paz en los ayuntamientos tampoco sufrirán recortes, según garantizó Feijóo. El Consello de la Xunta aprobó destinar una cuantía de casi 600.000 euros a este concepto.

Donde si se aprecia la reducción de gastos es en la estructura orgánica de la nueva Xunta. El Gobierno gallego dio el visto bueno al organigrama de las consellerías de Sanidade, Mar y Facenda que tendrán una estructura más simplicada.

Así, por ejemplo, se suprime la Agencia Marítima, que tenía un presupuesto de un millón de euros anuales y, en su lugar, se crearán tres plazas de funcionario.

En la Consellería de Facenda se rebajaron tres subdirecciones a la categoría de servicio y en el gabinete de Sanidade se suprimió una dirección xeral y dos subdirecciones. "Seguimos completando los pasos para cumplir el compromiso de austeridad y ese compromiso es firme, no tiene vuelta atrás", defendió Feijóo.

Frente a esto, el presidente de la Xunta criticó ayer el gasto realizado por el bipartito en la nueva sede de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama) en Santiago de Compostela. "Hay responsables y deberían dar cuenta porque hubo una utilización indebida y un abuso de fondos públicos", censuró.

De lo que duda el presidente de la Xunta es de que quede dinero para todos los proyectos comprometidos para las ciudades. Preguntado por el futuro de la Cidade do Mar de Vigo, Feijóo explicó que primero se reunirá con todos los alcaldes para contarles qué iniciativas son viables "y cuales no cuentan con un euro" en los presupuestos. En este caso, el jefe del Ejecutivo gallego pedirá a los regidores que fijen un orden de prioridades.

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