Medio Ambiente mantendrá la ley que reserva el 40% del suelo municipal para vivienda pública

X. A. TABOADA - SANTIAGO Sí a la revisión del Plan Sectorial de Solo Residencial del bipartito que preveía construir 45.600 pisos de protección en los próximos nueve años, pero no de la ley que obliga a los municipios a reservar entre el 30% y el 40% del suelo para la edificación de viviendas protegidas. La nueva Xunta mantendrá vigente este medida a pesar de que en el momento de su aprobación por el Parlamento el PP le dedicó encendidas críticas por considerarla "intervencionista".
La voluntad del Gobierno gallego, según aseguró ayer la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, es seguir adelante con esta norma, aunque con la posibilidad de introducir excepciones muy contadas en municipios donde no existan necesidades objetivas de vivienda de protección oficial. "En principio se mantendrá, salvo en casos concretos, porque puede no tener sentido reservar el 40% del suelo para viviendas protegidas en un municipio en el que no hay demanda, como, por ejemplo, es el ayuntamiento de Ortigueira", explicaron fuentes de la consellería dirigida por Agustín Hernández.
Esta norma fue aprobada por el Parlamento gallego en el mes de junio del pasado año en forma de ley de medidas urgentes con dos objetivos marcados: suavizar el precio de la vivienda libre y potenciar la de protección oficial, estableciendo para ello unas reservas de suelo superiores a las dictadas por la normativa del Estado.
En los municipios de más 20.000 habitantes, los ayuntamientos tienen la obligación de destinar a vivienda protegida el 40% del suelo edificable, que se rebaja al 30% en los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Para lo más pequeños, la ley no tiene efecto.
Hace ahora casi un año, el PP votó en contra, porque entendía que era "intervencionista", además resultarle "inconcebible" que el porcentaje de reserva de suelo fuera el mismo para todos los municipios en función de la población con independencia de las necesidades de vivienda.
Las previsiones del bipartito eran, con esta ley de medidas urgentes, sacar al mercado cada año unos 9.000 pisos protegidos, el doble de los que se ofertaban hasta entonces.
Sin embargo, el Plan Sectorial de Solo Residencial no correrá la misma suerte. La nueva Xunta meterá la tijera a uno de los proyectos estrella del área nacionalista del anterior Gobierno gallego. El programa consistía en una intervención directa de la Administración autonómica para comprar suelo a los municipios y calificarlos como zona residencial para levantar viviendas de protección, sin necesidad de esperar a que los concellos tuvieran listos los planeamientos urbanísticos.
La idea era poner en el mercado 45.600 pisos entre este año y 2017, distribuidos entre 56 municipios, de los que algo más de la mitad estaban previstos para las áreas de influencia de Vigo y A Coruña.
En su momento, este plan recibió un aluvión de alegaciones, que es uno de los argumentos empleados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para justificar la revisión total al que será sometido. Agustín Hernández indicó que se redactará un nuevo documento consensuado con los ayuntamientos, la Federación Galega de Municipios e Provincias y los afectados para que la previsión de vivienda pública se ajuste a las necesidades reales de cada área.
No obstante, la consellería no puede por el momento precisar detalles como indicar con qué criterios se revisará el plan, si afectará a todas las áreas o si al final serán más o menos el número de pisos de protección programados.
La revisión también llegará al registro de demandantes de vivienda pública, aunque en este caso, según la Xunta sólo es para agilizar su funcionamiento. Pero la Asociación Veciñal de Navia (Vigo), esta reforma es un "avance en las prácticas fraudulentas y especulativas de determinados promotores inmobiliarios".