El Gobierno gallego exige la retirada del recurso contra la ley de los núcleos costeros

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Un mes después de que el Gobierno anunciara su intención de recurrir la ley gallega aprobada en diciembre para proteger de los deslindes decenas de casas en primera línea de costa, la Xunta se comprometió ayer a hacer todo lo que esté a su alcance para legalizar la situación de estos núcleos costeros. Como primer paso, el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, anunció en el Parlamento que pedirá al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Vivenda de Galicia para que se "normalice cuanto antes" la situación de los núcleos rurales anteriores a 1988 y afectados por la Ley de Costas.
El Gobierno recurrió la norma gallega por vía judicial a finales de abril, aunque preguntado ayer a este respecto, el conselleiro eludió responder si la Xunta presentó o no alegaciones dentro del plazo de 15 días que se abre tras la formalización de cualquier recurso. Lo que sí aclaró Hernández durante su pimera intervención en el pleno es que el Gobierno autonómico "no renuncia" a interponer "todas las prerrogativas que sean necesarias" para solventar la problemática "injustificada" que se vive en esos núcleos.
La diputada nacionalista Teresa Táboas quiso saber qué actuaciones emprenderá la Administración gallega para regular esta situación, recordándole al conselleiro que el PP tuvo "mayoría absoluta en el Gobierno central y en la Xunta" y no buscó soluciones. Hernández recordó que la Lei de Vivenda de Galicia –promovida por Táboas cuando era conselleira– "trató de buscar una solución" a estos núcleos y, supuestamente, tenía "el visto y place" del Gobierno.
Cuatro meses después de su aprobación, sin embargo, el Consejo de Ministros consideró que la norma gallega "contravenía lo establecido por la Ley de Costas" de 1988 al invadir competencias "exclusivas" del Gobierno a la hora de delimitar la llamada servidumbre de protección. La norma estatal establece que esta zona, de titularidad privada pero en la que se prohiben las obras de ampliación o las nuevas construcciones, abarca una franja de 100 metros desde el límite del litoral, aunque esta anchura se puede reducir hasta los 20 metros en terrenos clasificados como urbanos antes de la aprobación de la ley.
Basándose en esta excepción, los tres grupos parlamentarios gallegos pactaron una enmienda a la Lei de Vivenda para legalizar varios núcleos rurales construidos con anterioridad a 1988 y que tras los deslindes acometidos por el Ministerio de Medio Ambiente quedaron incluidos en la zona de servidumbre. Su intención era resolver así un problema que afecta a cientos de propietarios en toda Galicia y por el que municipios como el de Marín, donde hay cinco núcleos en esta situación, llevan años litigando en busca de una solución. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, sin embargo, deja sin efecto la norma gallega, aunque la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, prometió hace dos semanas que se reunirá con cada concello afectado para buscar soluciones a la "inseguridad jurídica".
El Consello de la Xunta dará hoy el visto bueno a la prórroga de la norma que prohibe desde el año 2007 la construcción en los primeros 500 metros del litoral. Esta decisión, anunciada Núñez Feijóo durante el debate de investidura, supondrá mantener la polémica restricción aprobada por el bipartito hasta que la nueva Xunta haya elaborado su propio Plan do Litoral, previsiblemente a final de año. Un minucioso informe justificando esta prórroga se convertirá en el punto más importante del Consello de la Xunta, que aprobará la moratoria apenas cuatro días antes de que acabe la vigencia de la ley promovida por el bipartito para proteger el litoral.