La eterna prórroga

JULIO PÉREZ - VIGO En estos días en los que tanto se habla de fútbol, la jerga del que dicen que es el deporte rey viene que ni pintada para contar el culebrón de la reforma de la financiación autonómica. Con las rondas previas en los encuentros bilaterales para limar asperezas, con los encuentros de semifinales del que salió la única propuesta en firme para el nuevo modelo y con casi todo por decidir en un último partido que se retrasa. Hay una nueva fecha para la disputada final. El 15 de julio. La anunció Rodríguez Zapatero el martes durante el debate sobre el estado de la nación. El problema es que van seis plazos ya, ninguno se ha cumplido, el actual reparto sigue en una prórroga eterna y hay comunidades que están dispuestas a luchar hasta el último minuto.

Los equipos favoritos tienen lista la estrategia de ataque. El presidente catalán, José Montilla, y el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, socialista el primero y del PP el segundo, comparten pese a la distancia política una misma postura ante el árbitro. Los dos, reunidos ayer, exigen a Moncloa que el criterio para los fondos sea la población. Una exigencia que beneficia a territorios como los suyos, los más poblados y, por lo tanto, con mayor capacidad también de recaudación fiscal.

En el terreno de juego está la revisión de los tramos autonómicos de los impuestos que aportan más ingresos. Antes de marcharse, Solbes dejó sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal una propuesta de nuevo modelo que reforzaba la autonomía financiera de las comunidades con la cesión del 50% del IRPF y el IVA –frente al 33% y 35%, respectivamente, en la actualidad– y el 58% de la mayoría de los Impuestos Especiales. De poco vale que el porcentaje se eleve si algunos Gobiernos regionales, como la Xunta, tienen limitaciones para recaudar por su menor actividad económica y su menor volumen de población. El grupo de las llamadas comunidades pobres, con Asturias y Castilla y León al lado de Galicia. Las tres que contraatacan con la necesidad de que el criterio de población se matice con la dispersión y el envejecimiento a la hora de financiar los servicios básicos: sanidad, educación y bienestar. El bipartito añadió a estos conceptos el sobrecoste derivado de tener dos lenguas oficiales y, según dijo entonces Pérez Touriño, el presidente del Gobierno estaba por la labor de aceptarlo.

El relevo en la Xunta dejó en fuera de juego la jugada de socialistas y nacionalistas y paralizó el partido. La nueva conselleira de Facenda asegura que no hay ningún documento que releve las cifras para Galicia con la propuesta de Solbes y que su predecesor miraba con optimismo. En su encuentro de la pasada semana para lograr que los tres grupos políticos gallegos salieran de la mano al campo, Marta Fernández añadió la demanda de una nueva variable a la reforma, la población menor de 18 años pensando en la educación y con el firme propósito que después del partido Galicia no pierda ni una sola décima del 7% que más o menos capta ahora en la financiación.

Son tantos los frentes abiertos que Rodríguez Zapatero reconoció ayer al BNG en la segunda sesión del debate sobre el estado de la nación que llegar a un acuerdo en tiempos de crisis es "como subir el Tourmalet". "Estamos en la recta final –asegura el presidente del Gobierno–. Hay rampas, rampas duras, y hay que intentar que suba todo el equipo de manera conjunta y nadie se quede atrás en la ascensión". Esta vez, la fecha límite, el día de la final, es el 15 de julio. Como antes fueron el 9 de agosto y el 20 de noviembre, condicionados por los plazos del Estatut catalán; y luego el 31 de diciembre, el 13 de febrero, el mes de mayo...