Los tres grupos se unen para rechazar los parques eólicos marinos en Galicia

REDACCIÓN - VIGO Una vez más, los planes del Gobierno central para abrir la costa española a los parques eólicos en el mar se encuentran con el no rotundo de la Administración gallega. Los tres grupos parlamentarios consensuaron una proposición no de ley, impulsada por el Bloque, que reafirma que la posible ubicación de las plataformas off-shore es competencia "exclusiva" de la Xunta en su territorio y que pide al Ejecutivo gallego que mantenga y emprenda "todas las acciones" posibles tanto políticas como administrativas para "dejar sin efecto" el Estudio Estratégico Ambiental que los ministerios de Industria y Medio Ambiente presentaron el pasado 16 de abril con un mapa que abre la veda a los aerogeneradores en el 75% del litoral de la comunidad.
La iniciativa, apoyada por unanimidad, retoma la "posición contraria" a las instalaciones que ya escenificó la Xunta en la anterior legislatura con el bipartito. Una postura que PP, PSdeG y BNG piden que se mantenga ante el Gobierno central porque "está fundamentada en el impacto que los proyectos tendrían sobre el sector pesquero y marisqueo" con el añadido, además, de la previsión de los populares de redactar un plan gallego para ordenar el litoral. La proposición no de ley reclama también la elaboración de un informe sobre el plan de Industria y Medio Ambiente y el traslado al Parlamento de la documentación sobre los proyectos para parques de eólica marina que se hayan presentado para Galicia y el estado de su tramitación.
"Nos enfrentamos a un problema competencial y político. Hay que dejar claro al Gobierno central que el mar de Galicia es de los gallegos y nuestro viento es nuestro", defiende Bieito Lobeira, diputado del Bloque, impulsor de la iniciativa. Los nacionalistas hablan de "consecuencias demoledoras" para la flota de bajura y de "una amenaza real" en la seguridad marítima. Carmen Gallego, ex conselleira de Pesca y diputada socialista, recordó que el bipartito llegó a presentar "un conflicto positivo de competencias" ante el Supremo y exigió a los populares que hagan lo mismo aprovechando que el plazo está todavía abierto. Pese al respaldo, el PP es muy crítico con la gestión del bipartito –especialmente el BNG, que "pretenden esconder su propia incompetencia"– en la polémica. Les acusa de no hacer los deberes, de "no obligar al Gobierno central a asumir este compromiso".