Catorce concellos cobran por primera vez el nuevo IBI para los parques eólicos

JULIO PÉREZ - VIGO Tras una larga e intensa batalla judicial entre las empresas del sector y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) de la era de Xosé Crespo, alcalde de Lalín, el Tribunal Supremo reconoció a finales de 2007 que los parques eólicos son a efectos catastrales Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices). Como cualquier otra instalación energética. No era una guerra de nombres, de catalogación, sino de recaudación de impuestos porque la tributación de los Bices es mucho más alta. La sentencia abría la puerta a que los concellos impusieran a los aerogeneradores un IBI del 1,3%, tres veces más que el 0,4% que pagaban hasta entonces. Por primera vez, catorce localidades gallegas, todas de la provincia de Pontevedra, cobran este año conforme a la pionera sentencia. Un total de 663.447 euros que la Diputación ya les ha adelantado a aquellas que le tienen delegada la gestión tributaria.
El concello más beneficiado por el nuevo tipo fiscal para los parques es lalín, que con 187 molinos en su demarcación ingresará más de 163.000 euros; otros 104.000 euros irán a Covelo, donde funcionan 156 aerogeneradores; con 100 instalados, A Lama acapara 65.000 euros; otros 84.700 en A Cañiza; y así una lista con cantidades que van de los 52.000 que se embolsará Rodeiro a los 3.482 de Agolada. Forcarei y Vilagarcía de Arousa, con 172 y 11 molinos, respectivamente, tendrán que hacer sus propios cálculos, ya que no tienen delegado el cobro al Organismo Autónomo de Recadación de Arbitrios e Tasas Locais (Oral) de la Diputación pontevedresa. En el caso de Mondariz, la recaudación se hará esperar hasta la puesta en marcha de los parques que actualmente se están construyendo y que prevén la colocación de 53 aerogeneradores.
Precisamente, el número de molinos ubicados en cada concello marca la diferencia entre las cantidades que tienen derecho a recibir unos y otros. Aunque hay casos de municipios con más ingresos, pese a tener menos aerogeneradores. La clave está en la fórmula que finalmente adoptó el Catastro para recatalogar a las instalaciones. En lugar de tener en cuenta el número de horas en funcionamiento y el valor de las instalaciones, como pedía la Diputación de Pontevedra –con un coste de 600.000 euros aproximadamente por aerogenerador, los ingresos serían todavía mucho más elevados–, la cuota se establece según la potencia instalada y la superficie de territorio que ocupan.
“Este logro es una de las iniciativas que la Diputación viene llevando a cabo para que las entidades locales puedan mantener el pago de nóminas, el mantenimiento de servicios, etc. en estos tiempos de reducción generalizada de ingresos en los concellos”, apunta Rafael Louzán, presidente del organismo provincial, que recuerda que en la mayoría de los casos, los parques eólicos se ubican en ayuntamientos con menos población y “en los que normalmente los recursos tributarios son normalmente más escasos”.
La histórica resolución del Supremo tras el recurso que presentó la Fegamp en junio de 2006 contra el Real Decreto que excluía la opción de que los parques eólicos pagasen impuestos en calidad de Bices no tiene carácter retroactivo, con lo que los concellos no podrán exigir posibles atrasos.

La Diputación contacta con las empresas
Son muchas las empresas implicadas en el nuevo tipo del IBI para los parques eólicos y con ellas contactó ya la Diputación de Pontevedra. La resolución del Supremo no tiene vuelta atrás, así que desde el organismo provincial dan por hecho que el cobro está garantizado. Como parte de la lucha para reforzar los ingresos de los municipios pontevedreses con instalaciones energéticas en su territorio, el equipo de Rafael Louzán pone también la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que reconoce la obligación de la empresa Enerfín al cobro de casi 86.000 euros por la tasa de inicio de actividades (el Incio) de los parques eólicos de Monte Cabeza y Farelo, además del Impuesto de Actividades Económicas de los años 2006 y 2007.

Una nueva fuente de ingresos para los ayuntamientos
Con la implantación de los Bices en la gestión fiscal, los municipios tienen una nueva y gran fuente de ingresos conla que compensar la caída de otras tasas locales –especialmente, las vinculadas a la construcción– y el previsible freno de la financiación que reciben del Gobierno central por la caída de la recaudación de los impuestos que cobra directamente la Agencia Tributaria. Unos 117 concellos tienen Bices, sin contar los parques eólicos. 84 de ellos, por ejemplo, cuentan con algún tipo de embalse o presa; por 34 de ellos pasan las autopistas de la comunidad, contempladas también con un IBI del 1,3%; hasta 7 tienen suelo vinculado a alguno de los tres aeropuertos; otros cinco, con puertos; y tres, centrales térmicas.