La nueva Xunta se propone sacar la basura que pueda esconder Sogama. Tan sólo una semana después de haber tomado posesión de su cargo, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ordenó a una empresa externa hacer una auditoría medioambiental a la entidad pública encargada del tratamiento de los residuos de Galicia con la intención de examinar las “irregularidades” denunciadas sobre la actividad de la planta y disponer de un “diagnóstico real” del complejo. Su previsión es que el análisis esté concluido en un plazo de tres meses.
La decisión del nuevo Gobierno gallego se produce a raíz de dos investigaciones abiertas a Sogama. Una por delito ambiental continuado al río Lengüelle –lo que provocó la muerte de más de 3.000 ejemplares de truchas– y otra por tráfico de influencias, ya que según denunciaron cuatro directivos de la entidad pública ante la Consellería de Economía en noviembre pasado, el presidente de Sogama, José Álvarez Díaz, al frente de la sociedad desde el año 2005, cometió adjudicaciones “a dedo” y otorgó un contrato de 19 millones para automatizar la planta de Cerceda.
Ante estas denuncias, la Consellería de Medio Ambiente se propone poner orden en Sogama. Agustín Hernández aseguró ayer a través de un comunicado que la “gravedad” de las denuncias realizadas respecto a la actividad de la planta y de los procesos abiertos aconseja la elaboración de un “documento técnico” que permita conocer “el verdadero alcance de esas posibles irregularidades”. En caso de que se comprueben, según apuntó, se tomarán “las medidas correctoras necesarias”. Según adelantó, el análisis tendrá varias fases, que incluirán, por un lado, una identificación y evaluación de los “aspectos ambientales planteados” y, por otro, los “aspectos legales y administrativos”. También se estudiará la “adecuación a la normativa vigente, tomando como referencia las normas ISO”, del funcionamiento de este complejo de tratamiento de residuos, concluye la nota.
Dos denuncias
Sobre los vertidos al Lengüelle, la voz de alerta la dio un vecino el 18 de octubre tras tomar fotos del cauce repleto de espuma. Ese día aparecieron 3.000 truchas muertas en sus aguas. Entonces el Seprona siguió la pista de los vertidos y acabó en Danigal, firma que gestiona los residuos orgánicos de Sogama.
La Guardia Civil tomó declaración a trabajadores y directivos de Danigal tras descubrir en las inmediaciones de la depuradora una tubería de hormigón que vierte al manantial donde nace el río Areosa. Apenas dos semanas antes de las elecciones del 1-M, el Seprona acusaba a Danigal de “vertidos voluntarios y retirados”.
Pero este no es el único caso por el que Sogama ha sido llevado a los tribunales. En noviembre, cuatro directivos de la Sociedade Galega de Medio Ambiente presentaron ante Economía una denuncia por las reiteradas irregularidades contables y adjudicaciones “a dedo” en el seno de la empresa participada en un 50% por la Xunta. Los cuatro directivos, dos de ellos despedidos en enero, señalaban como máximo responsable al presidente de Sogama, José Álvarez, al frente de la sociedad desde 2005. A los despedidos –Ramón Pérez Valiño, jefe de Área Técnica, y Pedro Alcázar, responsable de Calidad–, Sogama los acusó de haber ocultado los resultados de las analíticas del vertedero de Areosa, “que no cumplían con los parámetros de vertidos autorizados”.
Las dos denuncias llevaron a la Guardia Civil a registrar Sogama a finales de diciembre, donde requisaron información de todas los departamentos de la compañía.
