Todo depende del color del cristal con que se mira. Parece que las oposiciones de la Xunta pueden ser más o menos legales en función del ángulo desde el que se analicen. Eso parece ser, al menos, lo que le pasó al nuevo director xeral de Función Pública. El caso es que José María Barreiro, el nuevo responsable del cuerpo de funcionarios de la Administración, es miembro de la Asociación Profesional de Letrados de la Xunta. Esta misma organización, que se ocupa de la defensa de la actuación del Gobierno, recurrió con el bipartito las convocatorias de varios procesos selectivos. Pero, esta misma semana, poco después del nombramiento de Barreiro, la asociación cambió de opininón y desistió del recurso. Ahora parece que las bases sí cumplen la legalidad. La CIG ya ha denunciado la situación.

La versión que dan desde la propia consellería de Facenda, de la que depende ahora Función Pública, es que la organización cambió de parecer y decidió validar los baremos que establecía en su proceso selectivo la anterior consellería de Presidencia para los grupos A1, A2, C1, C2 y para los subalternos.

Frente a esta defensa, se sitúan los argumentos de la CIG, que consideraron que la actuación, en todas sus fases, adolece de una “falta de ética”. Primero, porque la asociación “en lugar de defender los intereses, las normas y demás resoluciones que dicta la Xunta de Galicia, se dedica precisamente a todo lo contrario, a recurrir, a torpedear la actuación administrativa”. Y segundo, porque después de la retirada del recurso, la organización de los letrados demuestra, para la CIG, que “no utiliza los recursos contencioso-administrativos para defender la legalidad, sino para defender sus intereses espurios, sus intereses económicos”.

“¿Cómo se puede entender que los letrados que ahora tienen que defender a la Xunta en los tribunales de justicia sean los mismo que, a través de la asociación, recurrieron las propias órdenes” de la Administración, se preguntó el sindicato.

Para la CIG, se trata de una estrategia de presión para conseguir una mejora de las retribuciones de los socios de la asociación, “a costa de unos pobres opositores que lo único que persiguen es conseguir un puesto de trabajo”.

Por ello, consideraron “totalmente desacertado” que el miembro de una asociación “tan poco leal” con la Administración sea nombrado responsable de función pública. “¿Qué va a defender ahora?”, preguntó la CIG, en referencia a las convocatorias o a los recursos. “Los letrados de la Xunta no están al servicio de ningún color político”, concluyó.