Espinosa buscará soluciones con cada concello a las casas afectadas por el deslinde de la costa

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Espinosa buscará soluciones con cada concello a las casas afectadas por el deslinde de la costa
Espinosa buscará soluciones con cada concello a las casas afectadas por el deslinde de la costa  

La ministra admite en el Congreso “cierta inseguridad jurídica” a la hora de acometer ampliaciones en estas viviendas, pero garantiza que no pasarán a titularidad pública

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO La solución a las reivindicaciones de cientos de propietarios afectados en Galicia por la Ley de Costas quedará en manos de sus respectivos concellos, que serán los encargados de negociar con el Gobierno central una solución a los problemas que han planteado en la comunidad los deslindes realizados en el litoral. Así lo anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que tras admitir la existencia de “cierta inseguridad jurídica” en torno a alguno de estos núcleos, aseguró que el Gobierno tratará de buscar una solución a este problema “con cada uno de los ayuntamientos afectados”.
Como ejemplo de estas negociaciones bilaterales la ministra se refirió al caso concreto del concello pontevedrés de Marín, donde hay cinco núcleos rurales afectados y un centenar de expedientes sancionadores abiertos contra los propietarios de estas viviendas, construidas antes de la aprobación de la Ley de Costas. Espinosa, de hecho, anunció el pasado fin de semana en Lugo que a principios de junio mantendrá una reunión con algunos de estos afectados y representantes del Concello de Marín para estudiar los argumentos técnicos en los que se basan para exigir la exclusión de sus propiedades de la zona del dominio público.
A la espera de que se produzca ese encuentro, la ministra de Medio Ambiente avanzó ayer que utilizará esta misma fórmula de negociación para buscar “individualmente” una solución a los problemas de inseguridad jurídica que se le plantean a estos propietarios. La ministra se refería así a las limitaciones a las que, según la Ley de Costas de 1988, están sometidas todas las propiedades situadas en la servidumbre de protección, una zona colindante con el deslinde –que marca la división entre los terrenos costeros públicos y privados– en la que se necesita una autorización expresa por parte de Costas para acometer cualquier obra interior y se prohíben las ampliaciones o nuevas construcciones.
La ley dice que esta zona de servidumbre debe tener una anchura de 100 metros desde el límite del litoral y sólo se reducirá esta distancia a 20 metros en aquellos terrenos clasificados como urbanos antes de la entrada en vigor de la norma.
A mediados de diciembre, sin embargo, el Parlamento gallego aprobó la lei de vivenda que, entre otras cuestiones, legaliza núcleos de población construidos antes de 1988 y afectados por deslindes posteriores, una medida que pretendía rebajar también en estos casos la franja de servidumbre a 20 metros. Muchos afectados entendieron que la normativa autonómica resolvía el problema de gran parte de las viviendas afectadas por la delimitación del dominio público en la costa pero el 17 de abril el Gobierno anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional la lei de vivenda al entender que podría vulnerar “competencias estatales”.
Preguntada ayer a este respecto por la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, Espinosa justificó este recurso al entender que dicha disposición pretende que sea la Xunta quien determine “dónde y cómo” se aplica la Ley de Costas, pero matizó que paralelamente el Ministerio de Medio Ambiente “está comprometido para solucionar el problema” de estos propietarios.
En la misma línea, la ministra gallega lanzó un mensaje de tranquilidad a los afectados con viviendas en la zona de servidumbre ya que, subrayó, siguen siendo sus legítimos propietarios y también pueden realizar obras de reparación y nada les impide “su mantenimiento, pervivencia y conservación”.

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