La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó hoy que está "comprometida" para "solucionar el problema de los vecinos" de los núcleos que se encuentran a menos de cien metros del límite del litoral y que se ven afectados por la Ley de Costas, concretamente los de Galicia.
Espinosa respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada del BNG Olaia Fernández, sobre qué soluciones ha previsto el Gobierno para núcleos urbanos singulares-históricos situados a lo largo de la costa de Galicia a menos de cien metros desde el límite del litoral, a la hora de tomar la decisión de recurrir la Disposición Segunda de la Ley de Vivienda de dicha Comunidad Autónoma. Dávila se refirió en concreto a poblaciones como Loira, Aguete, Teoira, Casás o Mogor, ubicadas en el ayuntamiento de Marín. También existen núcleos en la costa coruñesa afectados total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, que contó con el acuerdo de las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego, y por la que se legalizaban núcleos de población situados en la franja litoral afectados por el deslinde de la Ley de Costas estatal --que estipula una zona de servidumbre de 100 metros--.
Espinosa quiso dejar claro que los terrenos y bienes afectados por la zona de servidumbre de protección "continúan siendo de propiedad privada y la gente puede vivir donde vive actualmente". "Los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen y contar con las respectivas licencias", subrayó.
Vulneración de competencias estatales
Asimismo, explicó que la interposición del recurso se acordó por entender que se podrían vulnerar competencias estatales al estar determinando cuando y cómo se aplica la Ley de Costas en relación a la servidumbre de protección en los núcleos a los que hace referencia.
"La Ley de Costas, en lo referente a la regulación de la zona de servidumbre de protección, aplicable a los espacios colindantes con el dominio público marítimo terrestre y con independencia de si en estos terrenos o núcleos la servidumbre es de 100 o 20 metros en función de la clasificación de suelo urbano o no a la entrada en vigor de la Ley, no impide su mantenimiento, pervivencia y conservación, ni altera la situación existente a la entrada en vigor. Por el contrario, conserva estos núcleos", explicó la ministra.
A su juicio, sí es cierto que existe una "determinada inseguridad" en cuanto a lo que puedan ser ampliaciones de las edificaciones que hoy existen, y en este sentido señaló que el Gobierno está "tratándolo con cada uno de los ayuntamientos afectados y en concreto con el de Marín".
Por su parte, Dávila defendió que la disposición aprobada por la Xunta daba solución a la situación de estos núcleos urbanos de la costa gallega, concretamente a aquellos que pertenecen al ayuntamiento de Marín, por lo que expresó su "preocupación y desacuerdo con la decisión del Consejo de Ministros del 17 de abril".
En su opinión, resulta "difícil" entender que no se reconozcan núcleos de población que existían antes de esa ley, y añadió que son muchos los vecinos afectados por esta situación de "inestabilidad y desprotección jurídica" que no entienden por qué el Gobierno no ha "atendido sus demandas ante una situación que no han generado ellos".
"Los vecinos no quieren especular"
"Los vecinos no quieren especular, sino vivir donde siempre han vivido sin temor a la demolición de sus viviendas. Es incomprensible ese recurso del Gobierno porque recurre la única solución que hasta ahora se ha dado a este problema", argumentó.
Además, estimó que con este recurso se niega a la administración gallega que pueda responsabilizarse de la ordenación de su litoral, al tiempo que pidió a Espinosa que "negocie con los vecinos, los ayuntamientos, la Xunta, y que resuelva definitivamente el problema".
Para concluir, Espinosa reconoció conocer la situación y apuntó que ni ella ni Dávila son responsables, puesto que esto arranca desde 1988, cuando fue aprobada la Ley de Costas y el ayuntamiento de Marín "no cumplió con la notificación correspondiente". "Y tampoco cumplió en 1995 cuando se hizo el deslinde y no hubo alegación al respecto", finalizó.
