conflicto lingüístico

Feijóo garantiza libertad para elegir entre el gallego y el castellano en las oposiciones

El bipartito había aprobado una ley que obligaba a que "una o más" pruebas debían realizarse en gallego

 

A. PANTÍN - SANTIAGO Las próximas oposiciones que convoque la Administración autonómica podrán responderse en gallego o castellano, con la excepción de la propia prueba de lengua gallega. Así lo adelantó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que vinculó esta decisión a un “bilingüismo amable y cordial”. “Los opositores podrán hacer el examen en gallego o en castellano y podrán elegir, si es tipo test, que las preguntas sean en cualquiera de los dos idiomas”, explicó el jefe del Ejecutivo gallego. De este modo, tendrá que modificarse la medida establecida en la reforma de la Lei de Función Pública de 2007, que obliga a que “una o más pruebas” de las que conforman los procesos selectivos se realicen exclusivamente en gallego. A partir de esta premisa, cada departamento elegía el número de exámenes a responder en cada idioma.

Antes de esta reforma del bipartito, sólo se exigía a los candidatos a las oposiciones que acreditaran su nivel de gallego, bien mediante un certificado o mediante un examen. Después, las pruebas podían desarrollarse en cualquiera de los idiomas oficiales en Galicia. Como explica Carlos Pardo, del sindicato CC OO, el nivel necesario se podía acreditar, por ejemplo, habiendo cursado estudios de gallego en el bachillerato.

Las personas de más edad que no lo hubieran estudiado, o no lo puedan acreditar, podían demostrar su conocimiento a través de una prueba o con certificados de otros cursos. Pardo señala que demostrar que se manejan ambas lenguas cooficiales es un requisito que impone el propio Estatuto, al que se sumó la segunda condición de desarrollar pruebas en gallego.

Estos requisitos se mantuvieron en la pasada legislatura pero a mayores el bipartito exigía una “segunda demostración” de conocimiento de la lengua. Fue la reforma de la Lei de Función Pública, aprobada en julio de 2007 por BNG y PSdeG con la oposición del PPdeG, la que estableció que en las pruebas para acceder a la Administración autonómica y a las entidades locales hay que“demostrar el conocimiento de la lengua gallega”. Para ello, obliga a que las bases de las mismas regulen que “una o más de las pruebas del proceso selectivo habrán de realizarse exclusivamente en lengua gallega y ello sin perjuicio de otras pruebas adicionales, que pudieran preverse para aquellos puestos que requieran un especial conocimiento” del gallego.

Oposición del PP

Cuando se presentó esta modificación, los populares gallegos ya mostraron su descontento, al considerar que se podría estar vulnerando la Constitución con esta normativa. Pese a ello, desde el bipartito defendieron la legalidad de la reforma y la vincularon a la promoción del gallego en la administración y a la propia Lei de Normalización Lingüística.

Como ejemplo de la aplicación de esta norma, están las oposiciones a educación del año 2008, en las que se impuso por primera vez la obligatoriedad de realizar dos pruebas –una oral y una escrita– en gallego. En concreto, la presentación escrita de la programación didáctica, de sesenta folios, debía ser en gallego, lo mismo que su exposición oral que tenía que ser “exclusivamente” en esta lengua. Sin embargo, a partir de ahora, según lo adelantado por Feijóo, esta estructura cambiará.

La reforma de la financiación autonómica debe resolverse “entre todas” las comunidades. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer crítico con las negociaciones que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo central para abordar el reparto de fondos estatales. “El Gobierno se equivoca si pretende con esto solventar sus estabilidades parlamentarias y si pretende solucionar los problemas del PSOE, sobre todo del PSC”, zanjó, en referencia al diálogo bilateral establecido entre el Estado y Cataluña, que ya había reprobado.

Por eso mismo, Feijóo insistió en que la reforma debe abordarse entre todas las comunidades, para que “entre todos repartamos el dinero, que es de todos”, recalcó. En este sentido, el titular del Ejecutivo gallego adelantó que tanto su promesa de rebajar el IRPF como de suprimir el impuesto de sucesiones se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura, “una vez se conozca el contenido y alcance de la nueva financiación”.

Feijóo reclamó, en una entrevista con Antena 3, que el nuevo modelo tenga en cuenta el envejecimiento de la población gallega. “Además de la población cuantitativa, deberíamos de hacer análisis cualitativos”, señaló, tras lo que argumentó que “no tiene el mismo gasto social una persona de 30 años que otra de 70 años”. “Estamos hablando de un modelo de Estado, no de que haya comunidades que tengan más renta y a la vez más recursos, y otras que tengan menos renta y a la vez menos recursos”, concluyó.

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