Los ayuntamientos gallegos no ven con buenos ojos la iniciativa de los fiscales gallegos que pretende atajar la siniestralidad vial penalizando con la cárcel a los responsables de las carreteras, sean estos Fomento, Xunta, diputaciones, concellos o concesionarias de autopistas. Para la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), el anuncio de que los fiscales actuarán contra la Administración si el estado de las vías pone en peligro a los conductores es un “intento de criminalizar de antemano a unas administraciones por parte de otras”.
La noticia, por el contrario, fue bastante bien recibida por los colectivos de los automovilistas, aunque desde estas organizaciones se cuestiona cómo podrá aplicarse en la práctica. La asociación de víctimas de tráfico Stop accidentes también aplaude la iniciativa, pero se pregunta cómo se desarrollarán estos procesos, ya que, como afirma su presidenta en A Coruña, Jean Picard, no se puede condenar a prisión a Fomento, por poner un ejemplo.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, criticó las declaraciones del fiscal vigués Carlos Gil y consideró que las diferentes administraciones, “incluida la de Xustiza”, deben “continuar trabajando por la seguridad vial, huyendo de estrellatos mediáticos y asumiendo las limitaciones y obstáculos que encontramos”.
Fernández argumenta que en la iniciativa del fiscal especializado en Seguridad Vial de la provincia de Pontevedra “tampoco queda muy claro sobre qué o sobre quién recaerá la responsabilidad”. “Podría tratarse de responsables políticos o bien técnicos de la Administración”, argumenta. Por ello, recalca que las “advertencias de la Fiscalía” hacia una “mayor persecución” de las Administraciones, la local en su caso, “se deben interpretar más en cuanto a la búsqueda de un titular de prensa que en la de sentar jurisprudencia”.
Para la delegada de RACC en Galicia y Asturias, Lucía Serantes, “del mismo modo que se le pide a un conductor que se forme, se informe y adopte conductas responsables, es positivo que la Administración vele para que las infraestructuras estén en un correcto estado”. Lo que preocupa a Serantes es que se “garantice la legalidad del proceso” y que se no se prolongue en exceso.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, valora la iniciativa de los fiscales porque “no sólo se responsabiliza al conductor”. No obstante, matiza, este “cambio de mentalidad positivo en los tribunales” no basta. A su juicio, “habría que modificar también el Código Penal” porque, si no, “se estaría forzando un poco el tipo penal”.
Stop Accidentes es la que más aplaude la noticia. “Ya era hora”, comenta Picard, quien cree que penalizar a quienes no mantienen en buen estado las carreteras debería haberse hecho siempre.
