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Los centros que segregan por sexo confían en que la nueva Xunta renueve sus conciertos

Los cinco colegios gallegos afectados por la resolución del Gobierno en funciones presentarán alegaciones en diez días

 
"No son prioritarias" - La resolución firmada por la directora xeral de Centros el 16 de abril y remitida ayer a los centros -la de la imagen a "Montecastelo", en Vigo- les niega la renovación de los conciertos "teniendo en cuenta la limitación presupuestaria" y que según lo dispuesto por la LOE las unidades educativas que separan al alumnado por sexo "no son prioritarias". Añade el escrito que "el centro no cumple con el decreto 30/2007" de admisión del alumnado.
"No son prioritarias" - La resolución firmada por la directora xeral de Centros el 16 de abril y remitida ayer a los centros -la de la imagen a "Montecastelo", en Vigo- les niega la renovación de los conciertos "teniendo en cuenta la limitación presupuestaria" y que según lo dispuesto por la LOE las unidades educativas que separan al alumnado por sexo "no son prioritarias". Añade el escrito que "el centro no cumple con el decreto 30/2007" de admisión del alumnado. 

A. MÉNDEZ/M. HUERTA - VIGO/A CORUÑA “Tranquilos y confiados”. Los cinco centros gallegos (Aloya, Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño) con educación diferenciada preparan asesorados por sus gabinetes jurídicos las alegaciones que en diez días deben presentar en contra de la resolución de la anterior Xunta que les retira la subvención para el próximo curso por separar al alumnado en función del género. El vicepresidente de la Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado CECE-Galicia, José Antonio Moar Armas, considera la negativa a renovar las ayudas “una mera decisión política” y confía en que el nuevo Gobierno revoque la resolución. “El nuevo presidente se comprometió a mantener todos los conciertos”, recuerda Estefanía Martínez, directora del centro “Aloya” de Vigo.

Colegios y patronal critican las “formas” del bipartito por hacer pública su negativa a renovar las subvenciones anuales el mismo día en que la comunicación llegó a la dirección de los centros, pese a ser emitida el 16 de abril. El portavoz de CECE-Galicia muestra además su “sorpresa mayúscula, porque el anterior equipo nos había informado de que no daba tiempo a resolver los concursos y que se dejaría la decisión en manos del nuevo conselleiro de Educación”.

La resolución emitida por el Gobierno en funciones pilló a los directores de los centros “por sorpresa”. El responsable del colegio “Montecastelo”, en Vigo, Joaquín Pereira, adelanta que los cuatro colegios de fomento gallegos afectados por la decisión están diseñando una estrategia conjunta asesorados por el gabinete jurídico que tienen a su disposición estos centros en Madrid.

Disponen de diez días para presentar alegaciones en contra de la retirada de las subvenciones, y Pereira confía en que “serán todas atendidas”, pues entiende que no hay razones jurídicas para suprimirles las ayudas. “Los centros seguimos cumpliendo los mismos requisitos que cuando se nos aprobó el concierto en el año 1986 y desde entonces no ha habido modificaciones de la norma que justifiquen esta decisión”.

“Arbitraria e injusta”

De manera tajante, el director de “Montecastelo” tilda el acuerdo que firma la Dirección Xeral de Centros de decisión “arbitraria, injusta y sin fundamento”. Además de mantenerse las mismas condiciones, arguyen los directores que no puede esgrimirse el argumento presupuestario ya que se trata de renovar los conciertos y no de otorgar nuevas ayudas, y “por lo tanto, las partidas deberían estar ya contempladas en los presupuestos de este año”.

A mayores, los colegios manifestan sentirse “totalmente respaldados por la legislación vigente”, asegura Estefanía Martínez, directora del centro “Aloya”, quien se remite a la Carta de Derechos Humanos y más recientemente a sentencias del Tribunal Supremo que indican que “no puede hablarse de discriminación en aquellos centros que separan a chicos y chicas porque a ambos se les ofrece el mismo plan de estudios”.

De momento se muestra tranquila porque “la legislación nos avala” y ni directores ni patronal ven peligrar por ahora puestos de trabajo, pese a que el dinero de los conciertos se destina principalmente a sufragar las nóminas de los docentes.

“Confiamos en que las alegaciones sean atendidas y que al tratarse de una decisión puramente política, del mismo modo, pueda ser revisada por el nuevo Ejecutivo autonómico”, explica el vicepresidente de CECE-Galicia, entidad que junto a Educación y Gestión tienen recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la orden que regula los conciertos y solicitada una reunión con el nuevo conselleiro de Educación.

El encuentro estaba pedido con anterioridad, pero José Antonio Moar, tras los últimos acontecimientos, urge al gabinete del conselleiro que “acelere” la reunión y “se posicionen sobre este asunto”.

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