recreativos

Los expedientes sancionadores por juego ilegal en Galicia aumentan un 52% en un año

La mayoría de las multas son por máquinas tragaperras sin licencia, controles en los casinos y los polémicos bingos sociales

 

JULIO PÉREZ - VIGO Entre las cantidades que se lleva el sector privado y las que acumulan los juegos de gestión pública, como las loterías, el sector del juego en Galicia mueve al año más de 1.200 millones de euros. Una actividad muy suculenta, tentadora para aquellos que quieren hacerse con un pedazo de la tarta saltándose la legalidad. Porque para operar es indispensable una autorización administrativa del Gobierno central, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) o de la Xunta. La proliferación de las partidas de cartas a puerta cerrada y con apuestas de por medio o los conocidos como bingos sociales en la comunidad puso en jaque al servicio de inspección del área de espectáculos adscrito a la Policía Autonómica, que durante 2007 sufrió una profunda reestructuración con la que la Consellería de Presidencia pretendía reforzar su labor. Un año después, los expedientes sancionadores se han disparado un 52% hasta un total de 252. Hay más casos, más denuncias, pero también más vigilancia.

Por las manos de la Subdirección Xeral de Xogo e Espectáculos públicos pasaron durante 2008 más de 3.700 expedientes relacionados con el sector, frente a los 1.890 del ejercicio anterior. Evidentemente no todos vinculados con situaciones de ilegalidad. Hay más de un centenar con solicitud de informes sobre las instalaciones, la publicidad que realizan los establecimientos de azar y su recaudación; otros 150 para iniciar los trámites de autorización para tómbolas y rifas; 64 para homologar máquinas recreativas; 200 más para, precisamente, dar de alta tragaperras... Y así una larga lista de causas de expedientes en la que destacan los 252 destinados a imponer una sanción –por esa misma razón, en 2007 se abrieron 166–, y 16 certificaciones por vía ejecutiva con apremio.

No todas las investigaciones acaban con una multa. De los más de 3.700 expedientes gestionados por Presidencia el pasado año, 157 acabaron en archivo, en otros 23 fueron necesarias actuaciones complementarias, 16 fueron remitidos a los tribunales, contra 32 se presentaron recursos y 3 se suspendieron por orden de los juzgados.

El repertorio de negocios de juego que no cumplen con la normativa es, según fuentes de Presidencia, largo y variado, aunque destacan por encima de todos los controles sobre las máquinas recreativas para acreditar que están dadas de alta y si la licencia está todavía en vigor o ha caducado; las visitas a bingos y casinos para comprobar que efectivamente cumplen con la obligación de prohibir el paso a aquellos clientes que constan en los registros de ludópatas; los boletos ilegales, una de las claves de la lucha encabezada por la ONCE, especialmente hacia los cupones fraudulentos de una supuesta organización de discapacitados; y, por supuesto, los polémicos bingos sociales.

Son estos últimos quizás los casos más conocidos porque se repiten frecuentemente, con mucha transcendencia pública. Ocurrió a finales de 2007 en la comarca de Ferrol, con el desmantelamiento de varios locales; el pasado verano, en un aula escolar cedida al concello de Avión, en Ourense; o este mes de febrero, con la clausura de los organizados por la Asociación Cultural “A Antorcha” de Cristiñade y el equipo de fútbol de Areas (Ponteareas) y dos más en Gondomar. En todos los ejemplos, los organizadores pasaron por alto los dos requisitos para que los bingos pudieran celebrarse sin necesidad de autorización administrativa, como un acto recreativo más: los cartones no pueden superar en ningún caso los 30 céntimos y todo el dinero jugado tiene que repartirse en los premios. No hay posibilidad de beneficios.

El precinto no suele sentar nada bien a los participantes. Para prueba, la creación recientemente de la plataforma “En defensa dos actos culturais”, que niega cualquier infracción fiscal con los bingos sociales y pide el archivo de las multas.

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