La decisión del Gobierno de recurrir la normativa gallega que legaliza algunos núcleos costeros afectados por los deslindes tendrá efectos inmediatos. Así lo espera al menos el Ejecutivo socialista, que prevé que en el momento en el que el Tribunal Constitucional (TC) reciba su recurso suspenda de forma cautelar la aplicación de este apartado de la Lei de Vivenda. Esta decisión judicial dejaría sin efecto la enmienda impulsada en su día por la ex conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, cuyo objetivo era forzar al Gobierno a adaptar todos los deslindes en curso a la normativa urbanística gallega, dejando así fuera de la franja de protección a aquellas viviendas construidas legalmente antes de que se aprobara la ley de costas.
En unos días el Gobierno formalizará su recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica y, según explica el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, desde ese mismo momento el TC podría ordenar la suspensión cautelar de la ley. Así ocurrió ya en el año 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó otro recurso contra un decreto similar que perseguía legalizar algunos núcleos rurales ubicados en la costa. Este decreto, promovido por el entonces Gobierno de Manuel Fraga, fue paralizado por la Justicia, que todavía a día de hoy no se ha pronunciado sobre este conflicto competencial.
Cientos de casas situadas en primera línea de costa están afectadas en mayor o menor grado por los sucesivos deslindes acometidos por el Ministerio de Medio Ambiente. La ley de costas de 1988 obliga al Gobierno a definir como dominio público toda la franja de terreno que va desde la marea más baja hasta donde lleguen las olas en los mayores temporales conocidos. Todas las propiedades que estén dentro de ese deslinde dibujado por el Ejecutivo pasan automáticamente a manos del Estado. Con todo, estos no son los únicos terrenos y edificaciones afectados por la ley de costas. La mayoría de los propietarios gallegos que han llevado su caso a los tribunales tienen viviendas o fincas en terrenos colindantes al dominio público. Es la llamada servidumbre de protección, que abarca unos 100 metros y en la que se respeta la titularidad de las propiedades pero, por su proximidad a la costa, se establecen toda una serie de restricciones a la hora de hacer reformas, ampliaciones o levantar nuevas edificaciones.
La ley de costas, pese a todo, reduce esta franja a sólo 20 metros cuando se trata de suelo clasificado como urbano, una excepción a la que quiso acogerse la Xunta legalizando a través de la Lei de Vivenda todos aquellos núcleos costeros que se habían levantado antes del año 1988.
El Consejo de Ministros, sin embargo, anunció el pasado viernes que planteará un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma al entender que vulnera las competencias estatales en materia de costas. La decisión se adoptó con el aval del Consejo de Estado, que un día antes había presentado un informe en el que recuerda que, según la Constitución Española, son competencias “propias y exclusivas” del Estado tanto determinar qué bienes integran esta franja de protección del litoral, como promover “todas aquellas normas destinadas a garantizar la utilización pública, libre y gratuita” de esta zona.
En este sentido, el Ejecutivo socialista explica que el Estado es el único capacitado para establecer las condiciones básicas de la propiedad en los terrenos que limitan con el dominio público. Éste es el argumento clave de su recurso ya que la disposición adicional segunda de la Lei de Vivenda pretende obligar al Gobierno a reducir de 100 metros a 20 la zona de servidumbre para blindar todos aquellos núcleos costeros construidos antes de 1988. “La ley gallega vulnera esta competencia estatal al estar determinando, con particularidades propias y específicas, cuándo y cómo se aplican las reglas especiales sobre la anchura de la servidumbre de protección”, alega el Ejecutivo, que considera además que dicha disposición “condiciona indebidamente” la potestad del Estado sobre los deslindes “al imponerle que habrá de ajustarse a la realidad urbanística reconocida” por la Xunta.
Pese a la decisión de presentar el recurso, Martín Fragueiro lanza un “mensaje de tranquilidad” a las familias afectadas e insiste en que todas aquellas viviendas anteriores a 1988 que estén en la servidumbre de protección no pasarán a titularidad estatal. Además, recuerda que la intención del Ejecutivo es “estudiar caso por caso” y aplicar con “flexibilidad” la ley de costas. Y a modo de ejemplo, recuerda que el Congreso tramita una enmienda para mejorar las condiciones en las que los propietarios de viviendas ubicadas en el dominio público podrán seguir en sus casas en régimen de concesión.
Esta solución, sin embargo, no beneficiará a todo el mundo ya que en casos como el de Moaña, las viviendas afectadas se levantaron en terrenos robados al mar, lo que faculta al Gobierno para asumir de inmediato la titularidad de sus casas e incluso ordenar su derribo.
Retrasos en la delimitación costera
La única provincia gallega en la que el Gobierno ha completado el deslinde es Lugo. En A Coruña y Pontevedra todavía quedan más de 300 kilómetros de costa en los que está sin delimitar la franja de protección, un proceso que acumula años de retraso y que el Ejecutivo socialista se ha propuesto concluir esta legislatura. “Estamos yendo a un ritmo de 700/800 kilómetros anuales y ya hemos deslindado el 86% de la costa”, aclara Juan Carlos Martín Fragueiro.
No obstante, Zapatero se había marcado como objetivo concluir la delimitación del dominio público litoral en 2009. Pero la realidad y, sobre todo, las protestas de los afectados ralentizan mucho los trámites previos. En Galicia el último deslinde, 12 kilómetros en la llamada Costa da Vela, en Cangas, se publicó el pasado noviembre.
