El pulso competencial que mantienen el Gobierno y la Xunta por los deslindes impulsados en la costa gallega continúa abierto. El último en mover ficha fue ayer el Ejecutivo de Zapatero, que anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de la Lei de Vivenda que legaliza algunos núcleos de población costeros afectados por la delimitación del dominio público. Cientos de casas gallegas en primera línea del litoral pasarán a ser de titularidad pública en aplicación de la Ley de Costas de 1988, que obliga a delimitar una franja de servidumbre de 100 metros dentro de la cual todas las propiedades, incluidas las viviendas, pasan automáticamente a manos del Estado sin necesidad de indemnizar a sus dueños.
El anuncio del Gobierno coincide con la despedida del bipartito gallego, de modo que será la nueva Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo la que tendrá que dirimir este conflicto judicial con Madrid. El recurso, no obstante, se refiere a una norma impulsada y aprobada por el Gobierno gallego durante la pasada legislatura y más concretamente por la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, que durante la tramitación parlamentaria de la Lei de Vivenda presentó una enmienda al texto con la intención de frenar los deslindes sobre propiedades construidas antes de 1988 de acuerdo con la legalidad vigente en aquel momento.
El argumento de Política Territorial, que logró el apoyo de los tres grupos para incorporar a la ley esta enmienda, era que los deslindes impulsados por Medio Ambiente no deben afectar a edificaciones que se levantaron en su día sobre suelo urbano y respetando las leyes urbanísticas de la Xunta.
En esta situación se encuentran importantes núcleos costeros como los de Marín o Moaña en Pontevedra o el de Redes, en Ares (A Coruña). Sólo en el municipio de Moaña hay unas 200 personas afectadas a las que el Gobierno central ya les ha notificado que sus propiedades pasarán a manos públicas, una cifra a la que hay que sumar decenas de viviendas situadas dentro de la franja de dominio público en los concellos de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Malpica, Redondela o A Illa de Arousa.
Muchos de estos asentamientos fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Lei de Vivenda era legalizar aquéllos en los que sí se puede certificar que fueron construidos anteriormente. En cualquier caso, las dificultades para definir la legalidad o ilegalidad de muchos de estos núcleos llevó a la propia Consellería de Política Territorial a anunciar que se estudiaría “caso por caso” antes de frenar el deslinde.
Argumentos
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no obstante, entiende que la solución que se buscó en Galicia para proteger estas viviendas “contraviene lo establecido por la Ley de Costas” acerca de la zona de servidumbre aplicable a los núcleos rurales del litoral que existían antes de la aprobación de esta norma. El Estado se basa en que, legalmente, la servidumbre de protección debe tener una anchura de 100 metros desde la ribera del mar que sólo puede verse reducida a 20 metros en terrenos que ya estuvieran clasificados como urbanos cuando entró en vigor la normativa estatal.
Por ello, el Ejecutivo interpreta que la solución pactada en Galicia para evitar expropiaciones en algunos enclaves del litoral “desvirtúa la Ley de Costas” porque establece que esta anchura excepcional de 20 metros se extienda “a otro tipo de supuestos urbanísticos” no contemplados de forma explícita.
La decisión del Gobierno ya ha tenido una primera respuesta por parte de los afectados. La Plataforma del Litoral de Marín, que lleva cinco años litigando con la Dirección General de Costas para que se reconozca la legalidad de sus propiedades, se reunirá mañana para analizar el recurso de inconstitucionalidad anunciado tras el Consejo de Ministros contra la Lei de Vivenda, aunque adelantó que pedirá que se celebre un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para pedir una solución.
