El próximo 17 de mayo se levanta la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa, tal y como recoge la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral, pero la Xunta en funciones no está dipuesta a dar “barra libre” a los constructores a partir de esa fecha. Por eso la actual Consellería de Política Territorial le dejará “sobre la mesa” al nuevo Gobierno del PP el borrador de una orden que permitirá mantener el veto establecido a la construcción en el 80 por ciento del territorio costero de Galicia. Sólo 22 ayuntamientos, 9 de ellos en Pontevedra, quedarían totalmente libres para urbanizar dentro de sus términos municipales. En el resto, unos 63 concellos en total, habrá áreas -un total de 35,7 millones de metros cuadrados- en las que la edificación seguirá vedada, al menos hasta que se apruebe el futuro Plan de Ordenación del Litoral.
Este plan está “muy avanzado”, según la consellería en funciones de Política Territorial, María José Caride. En este documento se fijarán criterios, principios y normas generales para la ordenación del urbanismo en la costa gallega, que hasta ahora permanecía cautelarmente suspendido. Sólo los ayuntamientos que han adaptado sus planeamientos a la Lei do Solo pueden edificar: Vigo, A Pobra do Caramiñal, Oleiros y desde ayer también Paderne. En el resto de los municipios el bipartito estableció una moratoria de dos años por la cual se impedía edificar en un total de 44,8 millones de metros cuadrados.
El plazo, sin embargo, vence el 17 de mayo, sin que los trabajos del Plan de Ordenación del Litoral hayan terminado y con un cambio de gobierno en la Xunta. “Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los gallegos, porque el trabajo está hecho y no habrá ningún vacío legal”, advirtió ayer Caride.
La solución aportada por el Gobierno en funciones es aprovechar la documentación que se ha recopilado hasta ahora en la elaboración del Plan del Litoral para determinar en qué zonas se puede levantar el veto a la construcción a partir del 17 de mayo y en cuales no. Gracias a estos trabajos, Política Territorial dispone de mapas cartografiados del litoral, imágenes áereas e información de los planeamientos vigentes en las zonas costeras de Galicia.
Este material ha servido al departamento de Caride como base para redactar la orden que permitirá mantener la prohibición de construir en un 80 por ciento del territorio costero hasta que se apruebe definitivamente el Plan del Litoral o bien transcurran como máximo otros dos años.
Quedan, sin embargo, libres de cualquier veto a la edificación 22 ayuntamientos, nueve de ellos en Pontevedra: Valga, Ribadumia, O Grove, Marín, Vilaboa, Gondomar, O Rosal, Tui y Salvaterra de Miño. Otros diez están ubicados en A Coruña y tres en Lugo.
En los otros 63 munipios costeros, donde hasta ahora estaba prohibido urbanizar, se mantendrá la suspensión cautelar de la edificación en algunas áreas de su termino municipal.
Para delimitar estos tramos costeros en los que se mantiene el veto a la construcción, Política Territorial tuvo en cuenta siete criterios: la afectación a espacios de protección natural, a áreas de interés geomorfológico (marismas, acantilados...), a hitos paisajísticos, que se ubiquen en pendientes superiores al 15 por ciento y, por lo tanto, con un fuerte impacto paisajístico, que estén situados cerca del cauce de un río o próximos a la zona de servidumbre de costas y, por último, también se prohibirá edificar en suelos urbanizables aislados sin continuidad con la trama urbana.
Esta orden la dejará lista la Xunta en funciones pero corresponderá al nuevo Ejecutivo aprobarla si está de acuerdo. “Le dejamos los mecanismos para proteger el litoral, no podrán decir que no les ha dado tiempo”, aseguró Caride.
Caride justifica nuevas adjudicaciones por 100 millones
La conselleira de Política Territorial en funciones, María José Caride, defendió ayer la adjudicación de obras por importe de casi 100 millones de euros que aparecen recogidas en el Diario Oficial de Galicia. Caride aseguró que la contratación corresponde a proyectos licitados “desde el año pasado” y cuyas mesas de valoración “se reunieron entre noviembre y enero”.
La titular de Política Territorial defendió, no obstante, que “en los tiempos que corren” la obra pública “no se puede detener”, al considerar que ésta es esencial como “dinamizadora de la actividad económica”.
El DOG recoge un total de 12 adjudicaciones, entre la que un tramo de nueve kilómetros del corredor Sarria-Noceda por 37,2 millones de euros; el nuevo enlace de Curro entre la autovía de O Salnés, la AP-9 y la futura autovía Pontevedra-Vilagarcía por 24,3 millones; la obra de mejora de la seguridad viaria e integración paisajística de la carretera Vigo-A Ramallosa en un tramo de 8,6 kilómetros en Vigo y en otro de 7,1 kilómetros en Nigrán; la ruta ciclista en la carretera Baiona-A Guarda en un tramo de 30 kilómetro; la reforma integral del puente de A Illa de Arousa; la adjudicación del ramal de acceso desde Brión a la Autovía Santiago-Brión como alternativa a la carretera Picaraña-Os Ánxeles, en las proximidades de Compostela.
