El Gobierno descarta tomar ningún tipo de medida para compensar a aquellos usuarios de las autopistas que sufran atascos o retenciones como consecuencia de las obras ejecutadas por la concesionaria y que dificultan la circulación. El argumento empleado por el Ejecutivo central es que todas las vías de peaje en España tienen un itinerario alternativo y que los contratos de explotación con las empresas concesionarias no recogen reducciones de peaje por obras.

Además, en respuesta a una pregunta presentada por el nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza en el Senado, el Gobierno se niega a establecer compensaciones ya que las obras son una obligación de la concesionaria para mantener el nivel de servicio en la autopista.

Pero el BNG cree que con esta negativa se reducen los derechos de los usuarios de las autopistas al no contemplarse la posibilidad de devolución del dinero cuando se les presta un servicio claramente inferior al que realmente pagaron. “Cuando un vuelo o un tren llegan con un retraso considerable, los clientes tienen derecho a reclamar la devolución de una parte del importe, no hay ningún motivo para que en las autopistas no sea igual”, sostiene Pérez Bouza.

El senador nacionalista, tras lamentar que el Ministerio de Fomento esté tan alejado de la realidad y tome partido por las concesionarias y no por los usuarios, rechazó el argumento de que existan otros itinerarios paralelos. Así, Pérez Bouza señala que la alternativa a la AP-9 es “prácticamente inexistente”, ya que la N-550 (A Coruña-Tui) es una “carretera congestionada de tránsito y que en su mayor parte discurre por tramos urbanos, lo que ralentiza aún más la circulación”.

En su respuesta al BNG, Fomento viene a decir que, ante el aviso de las obras, los usuarios tienen la posibilidad de elegir otro itinerario, aunque en la práctica los conductores se enteran de los trabajos una vez ya dentro de la vía de peaje.

El senador del BNG, el ourensano Xosé Manuel Pérez Bouza, defendía su petición basándose en el ejemplo de Portugal, que hace dos años aprobó una ley en la que se explican los procedimientos para que los usuarios de autopistas de peaje de titularidad estatal reclamen la devolución del dinero cuando hay obras que ralentizan la circulación.